Washington, 28 dic (EFE).- El legislador republicano por Texas Louie Gohmert ha presentado una demanda que busca un mayor papel del vicepresidente saliente de EE.UU., Mike Pence, para determinar el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre, que dieron la victoria al demócrata Joe Biden, en una nueva estrategia de los conservadores para evitar que el progresista sea confirmado, informaron este lunes medios locales.
La demanda, interpuesta por Gohmert y otros once republicanos, exige a un juez federal de Texas, Jeremy Kernodle, designado por el presidente saliente, Donald Trump, que declare que Pence tiene “la autoridad y discreción exclusivas” de decidir qué votos electorales de determinados estados deberían ser contados para proclamar la victoria de un candidato.
El Colegio Electoral confirmó a mediados de diciembre la victoria de Biden en los comicios presidenciales, con el apoyo de 306 delegados, frente a los 232 que recibió Trump.
En su demanda, Gohmert sostiene que parte de la Ley sobre Conteo Electoral de 1887 debería ser declarada inconstitucional porque entra en choque con la Enmienda Duodécima de la Carta Magna del país sobre “los mecanismos exclusivos de resolución de disputas”, que, según el escrito judicial, incluye que “el vicepresidente Pence determine qué lista de votos de los compromisarios cuenta o no por cada estado”.
Básicamente, la demanda se centra en el papel que a Pence le tocará desempeñar el próximo 6 de enero, cuando tendrá que presidir una sesión del Congreso para certificar la victoria de Biden sobre Trump, que aún no ha reconocido su derrota en los comicios.
Normalmente, el papel del vicepresidente en esa ceremonia es puramente simbólico, como está estipulado en la norma de 1887.
Expertos consultados por medios de comunicación de EE.UU. no ven que esta demanda vaya a prosperar.
El profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, Edward Foley, dijo al medio The Hill que “la idea de que el vicepresidente tenga la autoridad exclusiva de determinar si contar o no los votos electorales enviados por un estado (…) es incoherente con una comprensión adecuada de la Constitución”.
Trump aún no ha admitido su derrota en las elecciones del pasado 3 de noviembre y ha seguido aferrándose a denuncias infundadas sobre un supuesto fraude electoral masivo.
El todavía mandatario y sus aliados interpusieron decenas de demandas en los tribunales durante las semanas posteriores a los comicios, todas rechazadas por jueces progresistas y conservadores, incluidos los del Tribunal Supremo.
Las artimañas partidistas para revertir los resultados tampoco surtieron el efecto deseado y el 14 de diciembre el Colegio Electoral oficializó a Biden como presidente electo.
