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Legisladores y especialistas analizan iniciativa que crea la Ley General de Ciudadanía Digital

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El diputado Javier Hidalgo Ponce (Morena) resaltó la necesidad de generar nuevas formas de participación ciudadana, a través del uso de nuevas tecnologías, que den a la sociedad mayor control sobre el gobierno e involucramiento en las decisiones públicas.

Al iniciar el foro “Ciudadanía Digital”, aseguró que mediante el método de consulta popular, ejerciendo el voto con un teléfono celular, es posible que las personas tengan mayor definición en torno a quién podría representarlas.

Por ello, el pasado 6 de diciembre, el legislador presentó una iniciativa para crear la Ley General de Ciudadanía Digital, la cual fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones de las y los mexicanos, a través del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Hidalgo Ponce refirió que en el país existe rezago en innovación, pero la intención de la actual administración es tener un mayor alcance en ese rubro. “Por medio de la tecnología se pueden atender no sólo necesidades nacionales, sino estatales, municipales y hasta a nivel de colonias”, afirmó.

“Se busca hacer más viable la participación de la gente y facilitar trámites; que los avances nos ayuden a lograr una sociedad más incluyente”.

La diputada Rocío Badillo Barrera (Morena) destacó que la iniciativa de su compañero de partido es “única e innovadora”, ya que hace efectivos los derechos y garantías de la ciudadanía.

Plantea retos inmediatos para el sector público, como cerrar la brecha digital, proteger datos personales y lograr el desarrollo de las personas en entornos virtuales.

Afirmó que para generar un país de primer mundo, se debe normalizar nuestro actuar en medios digitales; por eso, dijo, es necesario terminar con el rezago tecnológico de 75 por ciento que padecen las comunidades marginadas.

Detalló que se trata de generar un sistema que ayude, pero prevenga, al mismo tiempo, el mal uso de identificaciones digitales, venta de datos o negativa de servicios. “Será muy importante cuidar la seguridad de los ciudadanos y las filtraciones”.

Además, confirmó, propone conceptos como asequibilidad, calidad, derecho a la información, disponibilidad, equidad, eficiencia y no discriminación en el uso de las nuevas tecnologías.

“Observamos rubros muy interesantes en el documento como el voto por medios electrónicos y consultas populares, así como gestión de trámites, todo ello con validez jurídica”, explicó.

Durante la mesa de trabajo “Iniciativa de Ciudadanía Digital”, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México, Javier Berain Garza, aseguró que con la implementación de sistemas tecnológicos en el sector gubernamental se cierran espacios a la corrupción, se eliminan a mediadores políticos y se convierte el intercambio de información en un proceso automático.

El uso de la tecnología resuelve eficazmente problemáticas y mejora el trabajo de las dependencias públicas; sin embargo, no se puede actuar al margen de la ley, precisó.

Sostuvo que el rastreo digital de recursos públicos, simplificación de trámites, la reducción de costos y el tiempo de interacción con el gobierno, son algunos beneficios del uso de ideas innovadoras en las oficinas públicas. “En la Ciudad de México hay alrededor de dos mil 300 trámites, muchos de ellos redundantes. El ciudadano no tiene por qué peregrinar entre las dependencias”.

Enfatizó que es responsabilidad irrenunciable del Estado garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos. “Es mucha la información que damos a Google o Facebook. No podemos llamarlos a rendir cuentas, pero al gobierno sí, por lo que es imperante generar mecanismos que aseguren el cuidado de dicha información”.

Paola Villareal, coordinadora de Ciencias de Datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estimó indispensable que el Estado de certeza de su labor mediante el uso de tecnologías.

Resaltó que la centralización de datos es positiva para simplificar trámites, pero también es importante garantizar la privacidad y ciberseguridad del usuario. “El gobierno es una gran base de datos, por lo que es vulnerable a ataques cibernéticos”, advirtió.

Mencionó que las entidades del país menos conectadas son: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Tlaxcala, mientras que la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora y Baja California son las de mayor cobertura digital.

“En función de esos datos, es necesario ver a quiénes se requiere incluir en los programas tecnológicos y asegurar que esos avances no generen más desigualdad”, indicó.

Al iniciar la mesa “Voto digital y consultas ciudadanas”, el diputado Luis Javier Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo, propuso incorporar un “salto tecnológico” en las actividades sociales, para facilitarlas, en particular las electorales, a fin de reducir gastos de forma real. En el siglo XXI no se puede seguir usando papel con tantas deficiencias, como el llenado de urnas, actas hechas a mano, validar votos o anularlos y traslado de votos”, planteó.

“Todo el sistema de papelería usado en las elecciones se eliminaría y agilizaría la votación con la digitalización, a través del registro de la huella digital en la credencial del INE, con el diseño de un modelo tecnológico adecuado y adaptado a las necesidades del país”, explicó.

Aclaró que no es por arte de magia como se accederá a este proceso, sino con un esquema que identifique al ciudadano, lo aliente a ejercer su derecho a votar con la garantía de que llegará de forma automática a una base de datos confiable con información inmediata, susceptible de consultarse, que frenaría el fraude electoral y con ello se garantizaría la defensa del voto.

Sostuvo que la innovación está para ayudar y eficientar lo que se realiza. “La votación digital tiene que asimilarse e implementarse, porque es un tema primordial para México. Es fundamental avanzar en el siglo XXI con eficiencia y transparencia, mediante el uso de la tecnología para generar ahorros de recursos y tiempo, optimizar su uso y destinarlo a otras áreas diferentes a la defensa del voto”.

El diputado de Morena, Rafael Hernández Villalpando, secretario de la Comisión de Radio y Televisión, apuntó que el elevado costo de los procesos electorales en México, como el del año pasado que llegó a los 22 mil millones de pesos, debe impulsar el diseño de un protocolo digital híbrido, con uso de papelería y tecnología, para ir en el futuro hacia la digitalización en la mayoría de actividades.

Este siglo de innovación tecnológica debe priorizar el enfoque social, el cual no puede desvincularse, ya que estas alternativas coadyuvan a mejorar la calidad de vida. Pese a que las elecciones son de las más costosas, aún se tienen dudas de que sea un proceso confiable en su totalidad, puntualizó.

Destacó que los delitos electorales podrían frenarse con la incorporación de la tecnología. Consideró que “la forma en que se realizan las campañas es una manera de cohecho disfrazado con propaganda que se regala, como camisetas, gorras, delantales; se pagan entrevistas a modo y se hacen encuestas amañadas, prácticas que pueden evitarse con la digitalización de las actividades”.

Pidió apoyar a las nuevas generaciones, para que diseñen alternativas de innovación viables que apuesten a la ciencia y tecnología estratégica para desarrollar al país. “Un proceso electoral democrático, cierto y confiable va a empujar la economía, la ciencia y la seguridad”, sostuvo.

Propuso incorporar al trabajo de la Cámara de Diputados un sistema digital para impulsar el parlamento abierto y virtual, a fin de lograr más ahorros presupuestales y que “tres veces al mes no vengan los diputados al Congreso, sino se intercomuniquen en las sesiones de forma moderna mediante la tecnología y se escuche a la ciudadanía”.

Con ello, continuó, los legisladores podrán trabajar desde sus Distritos con la sociedad civil organizada en distintos temas de interés, con la participación de especialistas vinculados a la academia, industria, el campo y los profesionistas. Además, subrayó, eso contribuiría a contener la contaminación en la Ciudad de México, al evitar traslados de personas y no entorpecer la vialidad.

Especialistas en sistemas de innovación tecnológica y computacional coincidieron que establecer el voto digital en México abre la posibilidad de una mayor inclusión política y social, con mayor garantía de que la decisión ciudadana se transparente y respete, sobre todo, porque 91 por ciento de las personas no confía en las instituciones.

Con el uso de aplicaciones digitales como el Blockchain, el costo de las elecciones, que asciende a miles de millones de pesos, se abatiría.

Indicaron que se diseñó un esquema factible de aplicarse con una inversión de 170 mil pesos, sin incluir nómina, pero con un abaratamiento impresionante al dejar de utilizar papeles.

En la mesa “Ciudadanía Digital como herramienta de combate a la corrupción y mejora de la transparencia”, el director de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Flavio Cienfuegos, celebró que en el centro de la iniciativa de ciudadanía digital, está replantear la relación entre el gobierno y las personas.

Reconoció que se busca privilegiar cómo dar mejores servicios y no vigilar lo que hace la ciudadanía, a través de la concentración de su información. “Hay evidencia que permite relacionar el uso de tecnologías con el desarrollo de países, principalmente por que ayuda a hacer frente al problema de corrupción”.

Edgar Herrador, de Blockchain Solutions Architect, indicó que la tecnología debe servir para lograr confianza entre ciudadanía e instituciones, sobre todo para abonar a la transparencia. “La corrupción en México es grave; se destina el 9 por ciento del Producto Interno Bruto para combatir esos actos deshonestos”.

El director ejecutivo de Borde Político, Ernesto Peralta, estimó que la iniciativa es un gran primer paso. “Es positivo replantear la relación de ciudadanía y el gobierno por medio de la innovación digital; serviría para recobrar confianza en las instituciones”.

Goretti Citlady Oronia Tamayo, cofundadora del proyecto “Peso x Peso”, coincidió en que 91 por ciento de los mexicanos no confían en el gobierno. “Por eso es importante emprender el Blockchain, que es un mecanismo automatizado para dar seguimiento al trabajo gubernamental. En Dubái, se ahorran 3 mil millones de dólares en procesos burocráticos, gracias a esa tecnología”.