La LIX Legislatura presidió el día de ayer su penúltima sesión, y lo hizo de forma extraordinaria para aprobar la ley número 36, relativa a los Bienes del Estado; así como reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Código Penal, ambos del Estado de Yucatán.
Con esta norma se pretende determinar y especificar la forma en que deben conducirse y comportarse los poderes, municipios y organismos autónomos de Yucatán en el tema de sus patrimonios.
Al momento de la discusión, la diputada Martha Góngora Sánchez, presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, responsable de emitir el dictamen, señaló desde la máxima tribuna legislativa que esta nueva ley es para modernizar la actual que fue aprobada en 1990, y para que Yucatán tenga una nueva herramienta jurídica con visión actualizada y sea eficiente en la administración pública.
Aseguró que se regulará el régimen del conjunto de bienes, muebles e inmuebles, que tiene el Estado a través de sus poderes, municipios y organismos autónomos, a fin de establecer obligaciones a las propiedades y a la forma de asignar y adquirir.
Góngora Sánchez explicó que la ley vigente permite todo tipo de enajenaciones, por lo cual, la nueva señala modalidades en qué se puedan hacer la translación de dominio, además de que el nuevo ordenamiento acota la cuestión de la enajenación con la consideración del promedio de avalúo.
Comentó que sus compañeros de Fracción Parlamentaria del PRI coinciden con la visión del Colegio de Abogados, donde se plantea que la nueva Ley de Bienes es necesaria y de gran beneficio para la ciudadanía por ser una actualización del marco legal que rige la actuación del gobierno estatal, municipal y organismos autónomos en cuestión de las propiedades.
“La iniciativa se enriqueció y perfeccionó en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación con todas las propuestas viables”, dijo.
En el mismo punto, ante los posicionamientos de diputados del PAN para votar en contra de la iniciativa, el legislador Adolfo Calderón Sabido aseguró que es una postura contradictoria porque los representantes de Acción Nacional también hicieron propuestas para perfeccionar la ley, y fueron incluidas las que se consideraron factibles. Señaló que en la tribuna no se expresaron argumentos sólidos jurídicos para no aprobar la nueva ley, solo especulaciones y supuestos.
También se sometió a consideración del pleno el dictamen relativo a la iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, misma que fue aprobada por unanimidad y sin discusión.
Entre los aspectos más relevantes de dicha iniciativa figuran los siguientes: suprimir las obligaciones de los magistrados en el sentido de listar cuando menos tres días anteriores a la sesión los asuntos que se abordarán en la misma, las solicitudes que corresponden a la Unidad de Transparencia y Acceso de Información Pública del Consejo de la Judicatura, deberán ser relativas a la información que se genera en el consejo y en los órganos jurisdiccionales y administrativos a su cargo.
De igual forma se establece que la administración del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yucatán le corresponde al Consejo de la Judicatura, organismo descentralizado que administrará, incluso, los recursos provenientes del Tribunal Superior de Justicia, en los términos que establezca su ley.
Otra de las reformas está relacionada con los jueces de paz y establece que estos se incorporen al Poder Judicial al concluir las siguientes administraciones municipales, lo que permitirá consolidar los procesos orales en las materias penal, mercantil y familiar y continuar brindando de manera adecuada una justicia pronta, expedita, completa y confiable que garantice el Estado de Derecho.
Asimismo, con el voto unánime de los 25 diputados, se aprobaron diversas reformas al Código Penal del Estado de Yucatán, propuestas por los legisladores del PAN, Lizbeth Medina Rodríguez y Pedro Couoh Suaste.
En representación de su bancada, el diputado del PRI, Carlos Pavón Flores indicó que las reformas propuestas abonan al fortalecimiento jurídico estatal y darán mayor certidumbre al patrimonio de las familias.
En cuanto al Robo de Ganado Mayor, llamado abigeato, aplaudió que todos aquellos que participen en él, en mayor o menor grado, sean sancionados en consecuencia con la misma penalidad equiparada a quien físicamente roba el ganado. “De esta manera se fortalece e impulsa la actividad ganadera al inhibir a quienes puedan pensar en afectarla, mediante el comercio ilícito de lo robado”, indicó.
Calificó de viable y fundada en derecho, la propuesta de derogar la fracción I del artículo 386 del Código Penal que contiene el mal llamado “Homicidio por Honor” por ser violatorio de los derechos fundamentales del hombre y principalmente de la mujer.
Acorde con la ideología del Gobierno del Estado, de brindar proteger a las mujeres, se consideró necesario dar un paso hacia adelante y de trascendencia al tipificar el delito de feminicidio y establecer una pena de 30 a 40 años de cárcel a los sujetos que priven de la vida a una mujer en razón únicamente de su género.
Los diputados llevarán a cabo un sexto período extraordinario de sesiones este viernes a las 15:00 horas para sesionarán designar la integración de los consejos municipales donde se realizarán elecciones extraordinarias.
