El deterioro de las policías y la intimidación a las autoridades, particularmente las municipales, ha sido la constante. El poder de fuego y de dinero del crimen les permitió ganar cada vez más control e influencia. Las acciones del gobierno anterior no fueron suficientes; lo más costoso fue la interrupción del proceso de modernización de policías que había iniciado a finales de los noventa. Además, en el esquema de seguridad hubo una omisión propia del centralismo y que no debe pasarse por alto: las policías municipales y algunas de las estatales quedaron sumamente vulnerables.
Por ello, llevar al Ejército a realizar tareas de seguridad pública fue, más que nada, una respuesta obligada, pero siempre debió haber sido considerada temporal y excepcional. Las fuerzas armadas, además de que no están para eso, tienen otras responsabilidades, insustituibles. Darle al Ejército funciones por encima de su vocación natural, conlleva riesgos para todos, incluso para las mismas fuerzas armadas. Después de todo, justo es reconocerlo, el Estado mexicano siempre ha tenido en su Ejército y Marina una garantía de disciplina, lealtad y patriotismo. Ante los problemas de inseguridad y, sobre todo, por la magnitud de la amenaza que plantea el crimen organizado, es justificable su despliegue en tareas de policía, más, en circunstancias de extrema amenaza y donde las policías bajo mando civil se muestran impotentes o incapaces para ofrecer seguridad a la población.
Sin embargo, la solución al problema de inseguridad no es la militarización, por más seductora o atractiva que pueda resultar ante la desesperación de muchos. Además, las buenas cuentas en materia de seguridad trasladan la solución de fondo al ámbito de lo social, de la economía, no de las medidas estrictamente represivas, aunque, debe subrayarse, éstas necesariamente deben incorporarse. Por ello se requiere transformar a las policías bajo mando civil. Esto implica un esfuerzo significativo y, sobre todo, una cuota de realismo para construir soluciones viables y, especialmente, eficaces.
El Senado tiene una muy delicada responsabilidad en el debate sobre el nuevo modelo policial. Por una parte, debe salvaguardar la soberanía de las entidades; por la otra, debe entender la evidente vulnerabilidad de las autoridades municipales frente a un problema de tal magnitud. Lo más recomendable es proceder a la reforma de la Constitución. Evitar, como ha sucedido en estos años pasados, el gatopardismo legislativo y ahora sí dar respuesta profunda y de corte estructural a los problemas nacionales como éste, el de la falta de integridad del sistema de seguridad municipal y estatal.
El gobierno del estado de Nuevo León ha realizado un encomiable esfuerzo respecto al mando único policial; pero no es inteligente ni razonable invocar este caso para argumentar que el cambio es posible sin una reforma constitucional. Mucho más podría lograrse con un cambio legal a fondo; por tal consideración, el gobernador Rodrigo Medina, ahora presidente in tempore de la Conago, ha sido uno de los principales y más decidido promotor del mando único. El Senado debe aprender a escuchar a los estados y autoridades locales. De la misma forma, la Cámara de Diputados debe considerar los recursos que conlleva la modernización de las policías municipales y locales, para tener una mayor homologación con las federales en capacitación, adiestramiento, equipamiento y compromiso de servicio.
Hay que aprender de las lecciones del pasado. Hace seis años la Conago dio el paso histórico de convocar, conjuntamente con el Ejecutivo federal a una Convención Nacional Hacendaria para llevar al país a la transformación a fondo de su régimen financiero público. Lamentablemente, el Congreso y los partidos ignoraron conclusiones que contaron con la fuerza singularísima del consenso. Fue más fácil que los gobernadores y el gobierno federal coincidieran, a que los partidos y los legisladores trasladaran los acuerdos a la condición de ley. Ahora, nuevamente, en el cuarto año de la administración federal, existe consenso entre el Presidente y los gobernadores para dar el paso a un nuevo modelo policial. El Senado debe actuar en consecuencia. Dejar atrás la complacencia que le ha caracterizado y que ha llevado a desestimar la urgencia de cambios legales a fondo, poner término a las coartadas fáciles que frenan la reforma.
La adversa situación lleva a la desesperación. Hay casos ejemplares y hasta heroicos de resistencia como ha sido el de don Alejo Garza Tamez, la semana pasada en Ciudad Victoria. Los senadores no pueden minimizar la realidad ni mantenerse indiferentes ante los hechos. Se requieren decisiones institucionales que permitan que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con su responsabilidad elemental de dar seguridad a la población. Los hechos de Ciudad Victoria revelan la impotencia de autoridades y la convicción de muchos ciudadanos sobre el abandono en el que se encuentran frente a los grupos criminales. Es un evento que obliga a una reflexión honesta y, sobre todo, comprometida con las soluciones.
La guerra contra México es contra toda la sociedad y conduce a un marco de acuerdo y entendimiento por encima de los intereses de grupo y los derivados de la disputa por el poder. No es nuevo, entre el Ejecutivo federal y los de las entidades, incluyendo al gobernante del DF, existe mayor empatía por la situación compartida de mejorar la respuesta de gobierno. Lamentablemente, las cúpulas de los partidos y los factores que dominan el poder decisorio del Congreso se muestran complacientes frente a los problemas nacionales, así sea el tema electoral, energético, fiscal o el relativo al nuevo modelo policial. Las respuestas deben ser a fondo, incluso, como es el caso en materia de policías, de carácter constitucional.
Don Alejo Garza Tamez es acreedor al mayor reconocimiento y homenaje. Lo acontecido es una llamada de atención que lleva a la indignación. La mejor manera de honrar su memoria, su coraje y su valor, es hacer lo necesario para acabar con el deterioro de la seguridad, tema que pasa, necesariamente, por un cambio legal a profundidad. El Senado tiene la palabra.
