En las últimas fechas, con la aparición de justicieros en algunos incidentes de robo, algunos usuarios de las redes sociales se han expresado a favor de la justicia por propia mano.
Es cierto que hay un hartazgo social en contra de las instituciones y marcos jurídicos. La combinación de corrupción y la falta de información con respecto a los cambios material penal es el cultivo para la desconfianza de los ciudadanos.
La vinculación de las autoridades, en cualquier de los niveles, con la delincuencia organizada deja a los ciudadanos indefensos contra abusos y delitos. Esto ha provocado que la una ineficiencia se proceda ahora a buscar la defensa personal.
En nuestro derecho penal se reconoce la legítima defensa. Pero debemos entender ésta como la posibilidad de emplear algún método contra el agresor hasta la justa medida de disminuir el peligro potencial. Por lo cual, si estamos frente a un robo perpetrado con un arma blanca, como un chuchillo, si tuviera una pistola y terminó en el ladrón con un disparo a la cabeza, estamos ante un evidente caso de exceso de legítima defensa. En ese caso no se exonera de la responsabilidad penal. La persona termina siendo responsable de la ejecución. Se entiende que la legítima defensa es hasta el punto donde pueda disminuir el peligro, no por encima del riesgo.
En días pasados el senador Preciado del PAN interpuso una iniciativa de ley para cambiar la Constitución Política de los Estados Unidos para permitir la portación de armas de fuegos en autos y en la persona en tránsito. Hoy en día el texto constitucional nos permite poseer armas de fuego, siempre y cuando no sea exclusivas de las fuerzas armadas, en el domicilio para la defensa patrimonial y la vida dentro de una propiedad. Este derecho humano no aplica cuando se traslada el arma en auto y menos cuando el ciudadano carga con ella. Es posesión, no portación el derecho que tiene el ciudadano.
Lo malo de la justicia por propia mano es el peligro de caer en la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. Es permitir que los ciudadanos ejecuten contra la integridad de una persona sin contar con los elementos suficientes que justifiquen una acción.
Debemos aceptar que las instituciones, con toda su organización, facultades, logística y protocolos se equivocan. Sin contar con todos esos elementos al libre arbitrio del ciudadano la potencialidad de cometer errores aumentan significativamente.
Es por ello que debemos tener mucho cuidado con lo que pedimos y exhortamos como solución a los problemas de inseguridad. Es necesario empoderar al ciudadano en los procesos de exigencia para el correcto ejercicio de las facultades de las autoridades en materia de seguridad.
Tener un arma, no es la solución. Emplearla sin criterios definidos, muy peligroso.
