El pasado sábado la Asamblea Nacional Constituyente, brazo ejecutor de la dictadura de Nicolás Maduro, “recomendó” la liberación de 80 de los más de 400 presos políticos que existen en Venezuela. Horas después 44 personas acusadas de impulsar la violencia en manifestaciones contra el gobierno entre 2014 y 2017 fueron liberadas, sin pasar por orden de un tribunal, como muestra de la “firme voluntad” de negociar.
“La ANC y la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz demuestran con hechos la firme voluntad de diálogo de la Revolución y el presidente Nicolás Maduro. Ojalá la oposición sepa leer estas acciones y aísle para siempre sus factores violentos”, escribió en su cuenta de Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
El yerno de Chávez hacía referencia a Estados Unidos, al que han exigido que levante las sanciones económicas en contra de los funcionarios y de PDVSA para seguir adelante en el proceso. Hace apenas 20 días el ministro de Comunicación había supeditado el diálogo con la oposición al cese del castigo.
“Venezuela no va a ir a un evento electoral, ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas, canadienses o de otra índole”, aseguraba Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de la Constituyente madurista.
