La historia de Mary Yolanda Valencia Vales actual diputada electa, podría tomar una ruta tortuosa, debido a que la demanda judicial interpuesta en el mes de junio pasado en su contra por parte de los diputados federales del PRI va tomando forma.
Los señalamientos contra ella son por desíos de recursos públicos, peculado, enriquecimiento ilícito, y tráfico de influencias.
La historia contada por los denunciantes muestra a una legisladora federal activa, pues gestionó recursos para diversas agrupaciones “cívicas” que presentaron facturas falsas ante dependencias como Sedesol y Reforma Agraria.
Reportaban cursos de asesorías y nunca los realizaban, pero sí cobraban sus honorarios.
En Mi Punto de Vista dimos puntual seguimiento a dichas demandas, aquí los links de la información oportuna:
Presunto desvío de recursos federales a la campaña de Mary Yoly: Manuel Carrillo
Al parecer llegó el día en el que su secretario particular, Jeremías López, ha sido citado a comparecer ante la Vicefiscalía de Atención a los delitos Electorales, a cargo del vicefiscal Junior Arellano Santana.
A la diputada federal se le hizo fácil firmar documentos que fueron armados desde México, revelaron fuentes cercanas a la bancada de los diputados federales panistas en el Congreso de la Unión.
Ni hablar, ahora veremos en qué acaba este asunto, que ya empezó y tiene el fin de hacer que Mary Yoly sea desaforada como diputada electa, y pague con cárcel por enriquecimiento ilícito declaro Manuel Carrillo Esquivel ex candidato a diputado local por el IV distrito.
Y aunque Mary Yoly niega haber incurrido en delito alguno, es evidente que tendrá que demostrar a las autoridades que así es, pues las pruebas aportadas por sus homólogos priístas son contundentes.
El proceso promete ser intenso.
Hasta el momento a pesar de que hemos invitado a la legisladora panista a visitar Mi Punto de Vista radio, no hemos recibido respuesta alguna.
Su derecho de réplica para nosostros es compromiso
Otros medios han informado:
Sipse/Israel Cárdenas:
Luego de una investigación, la Fiscalía General del Estado encontró elementos suficientes para fincar los cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado en contra de la diputada federal y legisladora local electa por el PAN María Yolanda Valencia Vales.
La presidenta de dicha comisión es precisamente María Yolanda Valencia.
El vicefiscal Especializado en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, Júnior Arellano Santana, informó que giró citatorios a diez personas relacionadas con estos hechos, para comparecer a partir del martes próximo.
En caso de hacer caso omiso, pedirá la intervención de la Policía Ministerial para un operativo de localización y presentación de los arriba mencionados, a quienes se les investiga sobre sus ingresos económicos, lugar de trabajo y propiedades, entre otros.
Arellano Santana dijo que se ha comprobado que decenas de actas de las agrupaciones Acción y Gestión Social de Yucatán A.C., Intercambiemos Ideas A.C. y Gestión Rural A.C. fueron facturadas por recursos millonarios extraídos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) del Gobierno Federal; el representante legal de estas organizaciones es Bautista Contreras, colaborador de María Yolanda Valencia.
Agregó que, de acuerdo con las investigaciones, estas agrupaciones gestionaron millonarios recursos de la SRA para supuestos cursos de capacitación para la gente del campo, pero que en realidad fueron utilizados en beneficio personal de María Yolanda Valencia.
-Las facturas que amparan dichas capacitaciones son del Estado de Puebla, apócrifas, y en ellas contienen hospedaje, alimentación, honorarios de eventos supuestamente realizados en los municipios de Tecoh, Mama y Sudzal, cada una de ellas por un millón de pesos -dijo el Vicefiscal.
-María Yolanda Valencia utilizaba a Salvador Bautista Contreras para ser gestor de sus asociaciones. Esto nos lleva a que posiblemente sea un prestanombres, que haya tráfico de influencias, lleva muchas cuestiones que se están investigando -agregó.
-De resultar cierto, estaría utilizando a personal a su cargo en la Cámara de Diputados para llevar a cabo otro tipo de diligencias, utilizándolo para un tráfico de influencias ante la Secretaría de la Reforma Agraria; la investigación se está yendo en este sentido -explicó.
Recordó que la denuncia fue interpuesta por los diputados federales priistas Eric Rubio Barthell, Liborio Vidal Aguilar, Enrique Castillo Ruz, Daniel Granja Peniche, María Ester Alonzo Morales y Efraín Aguilar Góngora, quienes cada semana acuden a revisar el expediente ante la Fiscalía General del Estado.
Coacusados
Los 10 involucrados que citó la Fiscalía General del Estado a declarar son: Sofía de Fátima Fuentes Gil, Roger Armando Tun Mena, Víctor Manuel Terrats Guillermo, Yajahira Elizabeth Arias Sosa, Alejandro Evia Bladinieris, Rubén Molano Fonseca, Víctor Manuel Domani García, Hugo González Crespo, Sigfrido Rosado Gómez y Fernando Guía Bladinieris.
Pedirá desafuero
La Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales, a cargo de Júnior Arellano Santana, anunció que girará solicitud de desafuero en contra de la diputada federal y legisladora local electa por el Partido Acción Nacional (PAN) María Yolanda Valencia Vales por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado.
Para efectuar lo anterior, la Vicefiscalía informó ayer que pedirá a la Cámara de Diputados o al Congreso de Yucatán que inicie un “Juicio de Procedencia”, conocido en el argot político como desafuero, en contra de Valencia Vales para que pueda enfrentar la acción de la justicia.
Este juicio estaría a cargo del Congreso del Estado, tomando en cuenta que el periodo de la Cámara de Diputados concluirá el 31 de agosto y la próxima legislatura del Congreso de Yucatán, que integrará Valencia Vales, iniciará al día siguiente.
Una vez terminado el proceso, el Congreso local definirá si María Yolanda Valencia debe de separarse del cargo para sujetarse a acción penal.
Se requiere de un juicio de procedencia para juzgar penalmente a un diputado durante el tiempo de su ejercicio, aunque el delito que le sea imputado hubiere sido cometido antes de ocupar el cargo.
Tampoco es obstáculo para que el presunto responsable pueda ser presentado una vez que concluya su ejercicio como legislador.
Hay que aclarar que el efecto de la declaración de procedencia o desafuero es el de separar de su cargo al servidor público mientras esté sujeto a proceso.
El fuero constitucional es una protección especial concedida a los servidores públicos en razón de la función que tienen encomendada para que contra ellos no opere el sistema regular de persecución en materia penal. No es un privilegio del cargo, sino una protección que otorga la función pública.
El Ministerio Público no puede ejecutar directamente la acción penal en contra de un diputado local, en este caso, sin que sea despojado de su fuero o inmunidad relativos mediante un juicio de procedencia.
El Artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Yucatán establece textualmente: “el Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes resolverá lo conducente para proceder penalmente con los diputados locales, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de lo Contencioso Administrativo, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los titulares de las dependencias de la administración pública estatal, los presidentes municipales y los consejeros electorales del Ipepac, por la comisión de delitos durante su encargo.
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