En el segundo día del foro “Donald Trump Presidente: el día después”, especialistas advirtieron que México no cuenta con una estrategia que permita defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos de posibles deportaciones masivas, lo que podría generar en un “escenario catastrófico” para nuestros compatriotas y para el país.
Durante la mesa de análisis “Derechos Humanos, Migración y Seguridad”, el senador Roberto Albores Gleason, secretario del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, subrayó que México es un socio indispensable para la economía y sociedad de los Estados Unidos.
Detalló que nuestro país ha enviado a esa nación, de 1965 a la fecha, 16.2 millones de migrantes. Además indicó que, durante la última década, los temas más relevantes para ambas naciones han sido la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico y sus delitos conexos; esa convivencia diaria, dijo, implica también un reto para el respeto a los derechos humanos.
Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que para México viene un tsunami, debido a la ausencia de una estrategia para defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos e impedir su deportación; además, agregó, existe la percepción generalizada de una falta de defensa, de firmeza y de dignidad.
Existen, refirió, muchas posibilidades de desarrollar estrategias de litigio contra las deportaciones como en algunos momentos se ha hecho; inclusive, se han contratado despachos para defender a mexicanos en territorio estadounidense.
Del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el profesor Jorge Durand indicó que se pueden prever dos escenarios: uno malo y otro catastrófico. En el primero, explicó, se puede considerar un incremento importante de deportaciones de los llamados “criminales” desde el interior de la Unión Americana, es decir, procesados, pandilleros y personas que cometieron faltas mayores o menores.
En el escenario catastrófico, señaló, se pueden presentar leyes más severas contra los migrantes, las cuales podrían ser aprobadas por el Congreso. A esas medidas se sumarían organizaciones civiles antiinmigrantes que, de algún modo, estaban controladas y reprimidas, pero que ahora pueden desbocarse.
Carlos Heredia, también del CIDE, aseveró que la pretensión de Donald Trump de construir un muro, es un acto hostil, por lo que, consideró que el Senado de la República debe exponerlo así, y no solo decir que se oponen y que no se va a pagar.
El Senado, con facultad constitucional para coadyuvar en política exterior, tendría que decir que no hay negociación posible, de buena fe, no hay renegociación que pueda tener lugar ante un acto hostil; o “estamos llegando a Washington con una pistola en la mano”, apuntó.
Ana Covarrubias, del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, consideró que los temas de derechos humanos y democracia, en el sistema internacional de Estados Unidos, parecen no ser de importancia, a menos que afecten sus intereses internos.
Señaló que posiblemente Estados Unidos no va a poner sobre la mesa de negociaciones los temas de democracia y derechos humanos, pero de ser así, no se puede olvidar que estos temas no sólo se vinculan con comercio sino también a seguridad, por lo que la situación de México es vulnerable en estas materias, debido a la situación de corrupción, debilidad de gobierno y vulnerabilidad en derechos humanos.
En su turno, el académico Sergio Aguayo Quezada aseguró que el crimen organizado busca y enriquece el poder político y usa la violencia de múltiples formas; y eso ya lo tenemos interiorizado no hay negación al respecto.
Hizo hincapié en que el tamaño de influencia de los carteles está determinado por la fortaleza de las instituciones del Estado y lo adecuado de las políticas. También reconoció que la delincuencia requiere de una base social que justifique su existencia y le permita renovar sus filas.
