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México, entre la educación y la usura.

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Por: Nahum Chuil López

Una de las fuentes de legitimidad de un gobierno que se considere democrático es la calidad educativa que se ofrece en sus aulas. Formar generaciones de seres humanos productivos para la sociedad es la tarea primordial del sistema educativo, y de ello depende en buena medida la estabilidad económica de un país.

Así, la educación es columna vertebral del Estado, pues a través de ella éste genera mecanismos para acrecentar su viabilidad frente a la sociedad. La enorme nave que es el sistema educativo se mantiene a flote gracias al trabajo diario de los docentes; por ende, son constructores de primer orden de la legimitidad del Estado.

No obstante, en alguna parte del camino, esta relación de aliados se tergiversó. Ahora, pareciera que el sistema educativo mexicano fuera una gran casa de usura que, a partir del trabajo docente, se hace de un interés exponencial de legitimidad político-social a bajo costo.

Miles de promesas de dignificación y calidad de vida para las y los docentes han sido lanzadas al viento por la Federación y los estados, como si aquéllo constituyera una recompensa extraordinaria para el quehacer en las aulas, cuando debería ser la norma. Peor aún, esas palabras distan mucho de cristalizar.

Como auténtico agiotista, el Estado mantiene laborando a los docentes para beneficiarse injustamente de su trabajo. El caso de los maestros de contrato es muy claro. Aquéllos son quizá los únicos servidores públicos que, a la palabra, empeñan a la autoridad educativa federal o estatal su trabajo cada inicio de curso o semestre, según sea el caso.

Fuera de la promesa de que formarán parte de la plantilla docente de su respectiva escuela para el próximo periodo, no existe ni una sola certeza laboral ni jurídica, pues el único documento que los vincula como empleados del sistema educativo es el contrato que se firma cuando llega el primer pago, el cual suele tardar, como mínimo, tres quincenas, pero en otros casos, sobre todo en el nivel básico, pueden ser varios meses.

¿Es así como el Estado mexicano vela por la calidad educativa en las escuelas públicas? Si el o la docente no tiene los recursos necesarios para cubrir sus necesidades, ¿con qué autoridad se le pide que dé lo mejor de sí? Hay quienes acuden a dos o tres centros laborales para obtener el sustento para sus familias. Esto, sin duda, representa un obstáculo para que el profesorado pueda dedicarse por entero a su labor educativa.

A pesar de este panorama nefasto, hay compañeros y compañeras de mentalidad colonizada que fustigan a los docentes de contrato o ganadores de nuevas plazas que se quejan por la falta de pago, aduciendo que sabían a qué le tiraban cuando decidieron ser parte del sistema educativo mexicano. Y es justamente esa división del magisterio lo que ha evitado que se den pasos decisivos para mejorar las condiciones laborales del docente.

Si en verdad se desea que la educación brindada por el Estado sea de calidad, no basta con que autoridades federales y estatales atiborren el espacio discursivo con promesas de dignificación para el magisterio, sino reconocer en éste al aliado indispensable para generar en conjunto ciudadanos comprometidos con el crecimiento del país.

Para ello, el primer paso es eliminar de tajo toda la burocracia que ha convertido al sistema educativo en un indigno exponente de la usura al retrasar con pretextos inverosímiles el pago de los docentes y otros trámites relevantes para el desempeño de sus funciones.

Hasta que las autoridades educativas no se sensibilicen ante la situación de precariedad laboral que viven miles de docentes en nuestro país, no se podrá alcanzar la calidad educativa que tanto requiere México.

Para que esto se realice, es urgente que el magisterio tome conciencia sobre lo trascendental que es su función para la legitimidad del Estado, y se siente en la mesa para entablar una negociación justa, como lo requiere una sociedad que ha empezado a dar sus primeros pasos hacia una vida democrática.