CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez ordenó la libertad de un profesor que fue acusado injustamente de estar vinculado con la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo oficial que defendió la inocencia del profesor Érick Uriel Sandoval Rodríguez, celebró en un comunicado el lunes por la noche que “finalmente se haya hecho justicia”, pero lamentó que el afectado haya tenido que pasar 224 días “injustamente privado de la libertad” y que la fiscalía federal no haya reconocido el error en su detención.
Sandoval Rodríguez estaba encarcelado en el estado de Durango, en el norte del país.
La Comisión había denunciado que la detención realizada por la Procuraduría General de la República era “equivocada” porque la persona que habían arrestado y encarcelado no era la que buscaban, aunque ambos compartían el apodo de “La Rana”.
La CNDH entregó pruebas de la inocencia de Sandoval Rodríguez, cuya detención “acentuó la violación a los derechos a la verdad y al acceso a la justicia que corresponde a las víctimas de los trágicos hechos de Iguala”.
Sin embargo, lamentó que su libertad se haya conseguido porque “las autoridades incurrieron en irregularidades” que afectaron “el debido proceso” y no porque se reconociera que le detuvieron por error.
A pesar de que la CNDH entregó pruebas de la inocencia de Sandoval Rodríguez, continúa la nota de prensa, “la PGR mantuvo su injusta acusación contra un inocente, mientras que, según sus propias pruebas, el verdadero presunto partícipe de los hechos goza de libertad en total impunidad”.
Los 43 alumnos de la escuela normal Rural de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 durante una serie de ataques ocurridos en la ciudad de Iguala, en los que también murieron seis personas.
Los estudiantes, cuyo destino todavía se desconoce, fueron secuestrados por policías municipales que presuntamente los entregaron a miembros del crimen organizado con la complicidad de diversas autoridades. Pero aunque fue una de las mayores violaciones a los derechos humanos de la historia reciente de México y hay más de un centenar de detenidos, el caso sigue sin esclarecerse.
Expertos internacionales denunciaron numerosas irregularidades en la investigación, tortura de acusados y obstrucciones a la justicia por parte de funcionarios estatales y federales, que tampoco han sido investigadas con imparcialidad.
De hecho, un tribunal desestimó todas las pesquisas porque dijo que la PGR no había sido imparcial y ordenó la creación de una Comisión de la Verdad, pero el presidente Enrique Peña Nieto impugnó esa sentencia en la Corte Suprema, que todavía no se ha pronunciado.
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