En el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, México obtuvo 29 puntos en una evaluación sobre 100, es decir, apenas avanzó un punto respecto al Índice 2018.
Los resultados reflejan la falta de una política nacional anticorrupción y un compromiso real de parte del Gobierno federal. En México, el combate a la corrupción ha sido selectivo, limitado, parcial y con poco sustento jurídico, lamentó el senador Clemente Castañeda.
“México sigue estancado en el combate a la corrupción y no hay avances ni resultados tangibles en esta materia en el primer año de la actual Administración del Gobierno Federal”, lamentó el senador Clemente Castañeda, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 (IPC), nuestro país obtuvo 29 puntos en una evaluación de 100 puntos, es decir, apenas avanzó un punto respecto al IPC 2018, con esto, México sigue ocupando la última posición de los países de la OCDE y con respecto a los países de la región, se encuentra aún por debajo de Brasil, que tiene 35 puntos, El Salvador con 34 puntos y Bolivia 31 puntos.
“La corrupción no se combate con el ejemplo ni con las buenas conciencias, sino con una política anticorrupción que atienda a todos los poderes y niveles de gobierno”, sostuvo Castañeda, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado
“Al cierre del primer año de esta Administración, el combate a la corrupción ha sido selectivo, limitado, parcial y con poco sustento jurídico, como en el caso de la inhabilitación a Rosario Robles que ha sido revocada por la autoridad jurisdiccional o el caso de Manuel Barttlet cuya investigación careció de exhaustividad con el objeto de exonerarlo a toda costa”.
El senador Castañeda consideró que mientras no se apruebe la Política Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública desista en su intento por acaparar el control del Sistema Nacional Anticorrupción y acepte una coordinación real y efectiva, el combate a la corrupción seguirá siendo tan solo un discurso de campaña del gobierno federal, tal como se demuestra en el caso de la contratación de empresas farmacéuticas del ex delegado de Jalisco, donde la SFP parece haber negociado para limpiar las cuentas del amigo del Presidente, aunque se imponga un castigo, termina por eludir la inhabilitación y ganarse contratos millonarios.
Castañeda exhortó al gobierno federal a demostrar el compromiso del presidente en esta materia y acatar las recomendaciones realizadas por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana para:
Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, enviar los nombramientos de los Magistrados Anticorrupción y fortalecer las instituciones que lo integran, respetando su autonomía e independencia.
Publicar las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. Existe un dictamen aprobado por la Comisión Anticorrupción desde el 29 de marzo de 2019 que no ha sido sometido a discusión por parte del Pleno del Senado.
Las y los senadores discutan y aprueben en el próximo periodo la propuesta realizada por el senador Clemente Castañeda sobre la Ley de Testigos y Denunciantes de actos de corrupción, como una herramienta indispensable para combatir la corrupción y erradicar la impunidad en la comisión de este tipo de conductas por parte de los servidores públicos.
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