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MI PUNTO DE VISTA

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III.- Indudablemente que dichos candidatos tienen una gran ventaja sobre sus competidores, pues ambas empresas son muy fuertes y cuentan con patrocinadores que apuntalan la elección. En el caso de la señora Valencia Vales, su aportación será valiosa en términos de espacios para el Partido Acción Nacional, bajo esa visión, la polarización se agudizará desde las estaciones de radio que obviamente resaltarán lo bueno de dicho partido y lo malo de sus opositores. Es de esperarse pues, un pago de deuda a través de golpes mediáticos y de voces afines al blanquiazul. Puedo equivocarme, pero en Yucatán, las líneas de acción son previsibles por cuanto nos conocemos y nos analizamos. La “ciudadanización” del PAN pasó por encima de los derechos de su militancia, ¿es válido esto?, tal vez si, ¿cuál es el beneficio que tendrá la sociedad?, no lo sabemos, quizá la sociedad sea la menos beneficiada. Mari Yoli es una mujer preparada y muy capaz, habrá que analizar con lupa sus resultados como legisladora, y valorar si benefician a la sociedad yucateca o solo la confrontan más. Considerarla una candidata ciudadana es muy engañoso, en todo caso creo que debió postularse de manera independiente, de esa forma sería plena candidata ciudadana. ¿O no?

III.- En el caso de Javier Medina Torre al que desean etiquetarlo como candidato ciudadano, es una maniobra mediática que funciona con base al argumento de que el PAN se abre a la sociedad y la escucha. La verdad de las cosas es que el ex director de la SPV, tiene una filiación partidista que se huele desde hace mucho. Ligado al PAN, pero más al líder de un grupo político importante como lo es Patricio Patrón Laviada, el ex comandante Medina Torre no puede negar sus nexos políticos. Por este motivo, no puede considerarse un candidato ciudadano, pues sus actos y sus omisiones como legislador serán respuesta a las líneas políticas dictadas por otros.

IV.- Hablando con sinceridad, este intento de estrategia de hacer pasar como ciudadano algo que no lo es, tiene una vida útil escasa. Esta destinada a morir debido a que nada ni nadie le garantiza a la población, que tendrá relación directa con el legislador. Nunca lo hay, pues el pueblo siempre queda apartado de las grandes negociaciones. La transformación política que sufre nuestro país, debe reflejarse en próximas reformas electorales que deben contemplar la obligación del sistema a procurar el beneficio y la protección de la población. La gente seguirá votando de acuerdo a su percepción, si se reserva el derecho de votar, estará expresando su inconformidad. Ya lo ha hecho en anteriores elecciones, y no veo la razón por la cual se vuelque con todo a las urnas, sobre todo porque existen muchos factores que inhiben su deseo de votar. Es positivo que el IFE tome la posición en las pantallas y los medios, pues invita a la población a ejercer su derecho a voto, no se si sea suficiente, pero es un avance, eso es mejor que estar viendo un exceso de mensajes propagandísticos de candidato alguno, la verdad es que era muy incómodo tener que ver a mis aguilas del América mochadas cada 10 segundos en el canal de las estrellas. Ciudadano es aquel que no tiene partido y se postula de manera independiente, eso pienso. Y también creo que no es bueno que los medios de comunicación se metan a la competencia electoral con candidatos “ciudadanos”, no es saludable, ni recomendable, que tomen partido, pues su fuerza mediática influye en la intención del voto.

La neta del planeta.- En términos de Ley, existe una regla que es: todo el que acusa tiene la obligación de probar. Y es en este punto en donde debemos tener cuidado, pues no puede ser que lo mediático acote lo judicial. En el supuesto caso de “soborno” a un medio local, no se han presentado las pruebas, todo se basa en dichos y eso no puede ser, no debe de ser, pues esta en riesgo la institucionalidad legal de nuestro sistema de gobierno. En estos términos, un columnista reemplaza a un juez, y la penetración de dicho medio en la población mata al sistema judicial de nuestro país. Eso es grave, un medio de comunicación al igual que cualquier ciudadano debe proba su dicho, y no con base en su tinta parcial, sino en el desahogo de las pruebas que deben ser contundentes, precisas, amplias y bastantes. No obedecer esta disposición de Ley, es atentar en contra del Estado y eso si es grave. La impunidad no compete solo a los gobiernos, sino a todo aquel que en base en su palabra, en su retórica, en su discurso y en su opinión pretende acusar de un delito y no presenta pruebas. En este sentido, como reiterara el director del periódico Milenio (nacional), el que acusa tiene la obligación de probar su dicho. (A.L.M. Mérida, Yuc. Abril de 2009)