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Nicaragua: médicos enfrentan el virus bajo amenazas y terror

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MANAGUA (AP) — Cuando los hospitales públicos de Nicaragua empezaron a ver en marzo los primeros casos de COVID-19, el personal médico de primera línea se enfrentó a un doble desafío: atender una pandemia mortal en un sistema de salud pública en crisis y bajo un ambiente de terror que amenaza cualquier disidencia.

En los pasillos de los hospitales, cubiertos con propaganda política, las fotos de los “héroes y mártires” sandinistas se exhiben junto a las del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, cuyas miradas atentas parecen vigilar cada paso. En el exterior, al igual que en las estaciones de Policía y en los Ministerios de Estado, ondea la bandera roja y negra del partido gobernante.

“Ahí dentro todo es secreto”, dijo a The Associated Press la doctora María Nela Escoto, una anestesista con 24 años de experiencia, despedida en junio junto con más de una docena de otros especialistas médicos por criticar el manejo de la pandemia por parte del gobierno. “No permiten sugerencias y no se puede cuestionar nada porque te vigilan. Es un ambiente muy hostil”.

Mientras otros países cerraban sus fronteras o al menos instaban al distanciamiento social, el gobierno de Ortega ha alentado a la gente a vivir de forma “normal”. El gobierno registra hasta hoy sólo 83 muertes por coronavirus y unos 2.500 casos confirmados, pero el Observatorio Ciudadano, una red de activistas y médicos independientes, eleva esas cifras a 2.087 decesos y al menos 7,402 casos verificados como sospechosos de COVID-19, ya que las pruebas sólo las hace el Ministerio de Salud y no reporta cuántas realiza por día.

En medio de denuncias de “entierros exprés”, que continúan por las noches en cementerios vigilados por la Policía, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se ha hecho eco del llamado de los médicos nicaragüenses para que se adopten medidas más agresivas a fin de frenar la propagación de la enfermedad.

El gobierno no respondió a solicitudes de la AP para comentar sobre las denuncias de los médicos.

Escoto dijo que el Ministerio de Salud les dio una formación superficial en el uso de equipos de protección personal, aunque durante casi tres meses se prohibió al personal utilizarlo “para no alarmar” a los pacientes.

A Escoto la echaron de su trabajo en el hospital Lenín Fonseca el 9 de junio por haber firmado, junto a casi 600 médicos, una carta pública pidiendo al gobierno equipos de protección para los trabajadores de hospitales públicos. Más de 14 especialistas que apoyaron esa queja fueron despedidos desde entonces. “Es una total injusticia”, afirmó la doctora.

Cuando le informó de su despido, el director de recursos humanos del hospital le dijo a Escoto que firmara copia de la carta sin hacer preguntas ya que él sólo seguía órdenes “de arriba”.

Según la especialista, los despidos son ordenados por el médico Gustavo Porras, un líder sindicalista que además es diputado y presidente sandinista del Parlamento de Nicaragua. Escoto asegura que el sistema de salud está “totalmente politizado” desde 2007, cuando Ortega volvió al poder y Porras “se encargó de desmantelar los sindicatos independientes”.

Durante los 16 años que los sandinistas estuvieron en la oposición (1990-2006) a Porras lo llamaban “doctor mortero”, por ser uno de los instigadores de violentas asonadas contra el gobierno de Violeta Chamorro y sus sucesores liberales Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Los “morteros” son bombas artesanales usadas en las protestas.

Varios médicos cesanteados en los últimos días afirman que en los hospitales no se permite “filtrar información” sobre lo que sucede dentro y que quien se atreve a hacerlo “es despedido inmediatamente”. Tampoco los periodistas pueden ingresar a los centros de salud y si intentan acercarse con cámaras a sus instalaciones, son detenidos por la Policía o activistas del gobierno.

“Los trabajadores de salud están desanimados y tienen miedo. Temen contagiarse y temen perder su empleo. Por eso no levantan la voz”, dijo a la AP el médico Fernando Rojas, también anestesista, que fue despedido del hospital de mujeres Bertha Calderón por firmar el comunicado médico, aunque la orden de despido, como la de Escoto, no indicaba los motivos del mismo.

Rojas fue amonestado varias veces por la dirección del hospital, por haber pedido a gritos mascarillas y guantes para el personal. “La subdirectora del hospital, Ana Lidia Ortiz, vigila personalmente a los médicos y les toma fotos en los pasillos. Hace una labor de espionaje”, aseguró el galeno de 58 años.