El Consejo General destituyó a Valentín Antonio Rivas Miranda como Director Ejecutivo de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, por ser el responsable del error y por faltar a los principios de profesionalización y certeza en el desempeño de sus funciones.
En su lugar fue designado, el entonces Jefe del Departamento de la Secretaría Ejecutiva, Manuel Jesús Carrillo Toraño quien de inmediato procedió a realizar una revisión integral de las boletas electorales y encontró tres errores similares, en la sección 1011 del distrito XI con cabecera en Valladolid donde en lugar de solicitar 2,000 boletas únicamente se pidieron 200; en la sección 894 del distrito XIII de Ticul, se requerían 1,800 y sólo se solicitó 1,600 y, en la sección 1043 del Distrito XIV en el municipio de Xocchel, donde se requerían 1,000 y solamente se solicitaron 100.
En total las boletas faltantes fueron 14,200 para la elección de diputados locales y una cantidad similar para la elección de regidores, por lo que en sendas sesiones extraordinarias, el Consejo General ordenó su impresión, con las mismas medidas de seguridad y calidad que las que ya obran en las bodegas del Instituto a efecto de garantizar la transparencia del proceso, al igual que a todas las boletas se les asignó un número de folio.
El objetivo fundamental de subsanar el error y ordenar la impresión de las boletas que no se solicitaron originalmente, es únicamente garantizar el voto de los ciudadanos cuyas casillas están en las secciones antes mencionadas.
También hay que dejar en claro que a cada casilla electoral únicamente llegarán el número de boletas que correspondan a la lista nominal más 8 boletas que servirán para el sufragio de los representantes de los partidos políticos y todas las demás boletas sobrantes, serán canceladas con una leyenda aprobada por el Consejo General con el aval de los representantes de los partidos políticos.
Por todo lo anterior, queda claro que no se han mandado imprimir boletas de más, sino únicamente las que por un error humano no fueron solicitadas en su oportunidad. El Instituto asume su responsabilidad y garantiza a la ciudadanía que no existe riesgo alguno respecto a la transparencia del proceso.
