La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos lamenta la decisión de Estados Unidos de autorizar sanciones económicas a los funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiguen a tropas estadounidenses o aliadas.
La medida fue adoptada justo cuando el tribunal, que es independiente de la ONU, está estudiando si los soldados estadounidenses cometieron crímenes de guerra en Afganistán.
El portavoz de la oficina que dirige Michelle Bachelet dijo que este tipo de decisiones pueden impactar en las investigaciones y juicios que está llevando a cabo la corte. Además, no solo afecta a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, sino también a sus familias.
“Se tiene que garantizar la independencia de la Corte Penal Internacional y su capacidad de trabajar sin interferencias, para que pueda tomar decisiones sin influencias impropias, incentivos, presiones, amenazas o interferencias, directas o indirectas, de cualquier parte o por cualquier razón”, señoló Rupert Colville.
