Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documenta que en la llamada ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’, como es su nombre oficial) se desviaron fondos públicos no sólo de Chihuahua, sino también de Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de la delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, para presunto financiamiento de campañas electorales priistas. En la trama se utilizaron 12 empresas fantasma que –según testigos- estaban “blindadas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Autoridades de 7 estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.
Del monto anterior, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.
El 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló, en una investigación conjunta de su corresponsal en México y del corresponsal de la revista Proceso en Washington, el mecanismo del desvío de fondos públicos de Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. Cuestionamientos que ya han sido negados por ambos.
En aquella revelación, se mencionó el uso de 4 empresas fantasma.
Ahora, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‘Operación Safiro’ (así, con ‘s’), que es el nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.
Sobre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar y contribuir a erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Está comprometida con arrojar luz sobre los actos y redes de corrupción a través de La investigación aplicada, el periodismo de investigación, el litigio estratégico y la movilización ciudadana.
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