Representantes de organizaciones sociales, académicos y funcionarios públicos hicieron un llamado a senadores de la República para que se apruebe en sus términos la minuta que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, pues aunque el proyecto es “perfectible” si se modifica podría demorar el proceso para enfrentar este problema.
En reunión de trabajo con las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijo que la propuesta de la Cámara de Diputados contiene avances que apuntan a fortalecer la cultura de la legalidad.
La ASF, enfatizó, apoya el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que en sus términos actuales cuenta con el potencial para generar una articulación adecuada entre los organismos que tienen la responsabilidad de velar por la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad en el uso de los recursos públicos.
Consideró que el nuevo esquema abre las condiciones que deberán materializarse en las leyes secundarias respectivas, para que la fiscalización, el acceso a la información, la evaluación presupuestal y de programas, los sistemas de archivos y de contabilidad gubernamental interactúen de manera eficiente y efectiva.
“Si bien existen elementos difusos y potencialidades en el SNA, que en su momento deberán ser tratados de manera cuidadosa en el diseño y las leyes secundarias en la materia, debemos observar que en su forma actual el dictamen considera los elementos de mayor importancia”, acotó.
Todo es perfectible, agregó, pero “los insto a que den su aprobación al dictamen respectivo en todos sus términos”.
Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana, dijo que lo que ha aprobado la colegisladora no es impecable, ni perfecto, ni llena las expectativas de muchos ciudadanos ni las amplias necesidades en esta materia, pero “es un hoja de ruta para una construcción institucional que va a tomar, cuando menos, una década” y si no se aprueba relativamente pronto demorará aún más.
Consideró fundamental fiscalizar las participaciones federales que se entregan a estados y municipios, por lo que hizo un llamado para que la disposición que se aprobó en la Cámara de Diputados en esta materia “no vaya para atrás” y se establezca un federalismo responsable en el ejercicio de los recursos públicos.
El coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, estimó que la propuesta recupera, en buena medida, los resultados de la investigación y diálogo que han sostenido distintas organizaciones académicas y sociales en torno a la necesidad de construir una política pública articulada y coherente de rendición de cuentas, como antídoto a la corrupción que daña a las instituciones políticas de México.
Este fenómeno, enfatizó, se ha convertido en el mayor problema del país y “nunca acabaremos de diseñar la legislación pertinente en esta materia, ningún país lo ha logrado de manera definitiva”, pero modificar la minuta, acotó, aun con la mejor buena fe, no sólo exigiría devolver los cambios a la Cámara de origen sino demorar el proceso para enfrentarlo.
Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, expresó que la minuta “es un paso adelante” y “creo que es claro que la mejor decisión política” es aprobarla en sus términos; sin embargo, para implementar una política nacional anticorrupción como prioridad nacional, es necesario hacer más que una reforma constitucional.
El director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón, enfatizó que la tolerancia de la sociedad ante este fenómeno parece agotada y cada nuevo escándalo que queda impune suma al descrédito de la democracia, por lo que es urgente tomar medidas claras, contundentes y de largo aliento, que permitan ganar terreno a la desconfianza y a la falta de legitimidad.
En tanto, Alejandro González Arreola, director general de Gestión Social y Cooperación, señaló que el sistema anticorrupción podría comprender esquemas de participación mucho más adecuados al Siglo XXI o considerar al Presidente de la República como sujeto a investigación en esta materia, pero es preferible un esquema abierto que eventualmente se pueda complementar.
Juan Ernesto Pardinas, del Instituto Mexicano de la Competitividad, mencionó que aunque la minuta no es una solución definitiva, es “una piedra de toque” para la reconstrucción de la confianza en las instituciones del país”.
Por México Evalúa, Marco Antonio Fernández Martínez afirmó que representa un avance sustantivo respecto al marco jurídico vigente para combatir la corrupción, toda vez que contempla la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito y logra fortalecer a la ASF en la fiscalización de las aportaciones federales y para iniciar su labor en tiempos reales.
Por su parte, Raúl Sánchez Kobashi, subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, mencionó de acuerdo al esquema planteado, el diseño institucional de combate a la corrupción permitirá una mayor coordinación y fortalecimiento de las acciones y resultados que demanda nuestro país.
La Secretaría de la Función Pública, añadió, “da la bienvenida a la potencial aprobación de este sistema concebido de manera integral, orientado a fortalecer el control preventivo y correctivo de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción con el propósito de transformar a México”.
Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dijo que el nuevo sistema aborda y atiende en forma equilibrada la prevención, la investigación y la sanción.
En la ronda de cuestionamientos, el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, dijo que los temas que contiene la reforma son de gran importancia para el país.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, advirtió que la integración de un sistema plenamente articulado llevará tiempo, porque una de las deficiencias de la propuesta de la colegisladora es que su aplicación se desarrolle hasta 2018, después de que termine este gobierno.
A nombre del PRI, el senador Omar Fayad Meneses coincidió en que tal vez la norma no sea perfecta, pero hay que empezar a construir un andamiaje para combatir la corrupción y expresó que se ha intentado alcanzar el mayor consenso para aprobar la mejor reforma.
El senador Armando Ríos Piter, también del PRD, manifestó su preocupación por que exista “un falso dilema” entre representantes de la sociedad civil y se piense que si no se avala el proyecto como está planteado no se aprobará.
A nombre de Acción Nacional, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, lamentó que la discusión sobre el tema se desarrolle en una coyuntura que parece que “nos tiene contra la pared”, pero la minuta contiene disposiciones que van a cambiar de fondo la forma en la que ha funcionado el gobierno.
