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PGR se entrampa en la ilegalidad y violación de derechos humanos en Cancún

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El tema de las cajas de seguridad nos está demostrando que tan vulnerable es el nuevo modelo de procuración e impartición de justicia.

Entre los diversos fundamentos el nuevo sistema se habla de principio de presunción de inocencia y la importancia de la obtención, resguardo y custodia de la prueba legítima.

En el caso que nos ocupa se ha dicho en la prensa que un juez obsequió una orden de cateo contra las cajas de seguridad de la empresa First National Security lo que propició una intervención en la compañía. Esto ha derivado en un juego mediático donde se ha afirmado que la PGR y la SIEDO, responsables de la investigación se están apoderando de 1,500 cajas de seguridad, que las están abriendo una a una y reteniendo su contenido para ser enviado a la Ciudad de México. Se dice que los interesados podrán hacer el reclamo de sus pertenencias previa acreditación de la propiedad con los documentos pertinentes para lo cual tendrán que hacer un viaje a la Ciudad de México para hacer dicho trámite.

El punto es que constitucionalmente nadie debería ser molestado en sus pertenencias si no es con orden judicial debidamente motivada y fundamentada. Eso significa que debería haber entonces igual número de carpetas de investigación en contra de cada uno de los propietarios de las cajas de seguridad. De no existir una investigación formal estaría la autoridad cayendo en una mayúscula ilegalidad que vulnera el derecho de la propiedad, de la certeza jurídica y procesal, pero sobre todo, de la presunción de inocencia.

Hoy la autoridad afirma que se ha encontrado documentos, dinero y otros elementos que se pueden vincular con la delincuencia organizada. Sin embargo, es preciso establecer que el sistema penal de México determina que la prueba elegida de forma ilegítima no puede ser utilizada en un proceso legal. Que, en este caso, si se abrió una caja sin una clara y evidente investigación, por más que sea un operativo general, se estaría dando la oportunidad para que esos elementos de indicio de delincuencia no puedan usarse en contra de los presuntos responsables de la comisión de un delito.

Además, es necesario establecer que estamos ante una PGR acéfala legalmente por carecer el encargado de despacho de los requisitos constitucionales para ejercer el cargo. Lo que hace que todas sus decisiones no tengan validez jurídica.

Lo que pudo ser noticia para denunciar la lamentable penetración de la delincuencia organizada en Cancún, hoy entrampa a la autoridad ministerial ante los ojos de los ciudadanos que califican esta actuación como el “robo del siglo”. Aunque judicialmente no lo llegue a ser, lo que sí es cierto es que estamos ante una monumental ilegalidad a los derechos humanos de los afectados, independientemente sean parte o no de la delincuencia organizada.

Lo que menos una persona honesta y decente que tiene los recursos para usar una caja de seguridad es que se convierta en lo más inseguro por la imprudencia de la autoridad al pretender investigar la delincuencia organizada.

 

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