Solicita esclarecer el asesinato de cuatro estudiante en Huejotzingo, ocurrido en febrero pasado, y sancionar a los responsables.
Palacio Legislativo 14-03-2020 (Notilegis). – El grupo parlamentario del PRD demandó al gobierno de Puebla instrumentar acciones eficaces para recuperar la tranquilidad y confianza de la ciudadanía, ya que se ha convertido estado más inseguro para vivir a grado tal que es uno donde más asesinatos se cometen, incluso de estudiantes.
En un comunicado, informó que presentó un punto de acuerdo ante el Pleno, en el que destaca que a la inseguridad en esa entidad ha contribuido la ineficacia y hasta la corrupción de las autoridades.
Refirió que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 90 por ciento de poblanos se siente inseguros.
“Hay un alto número de agresiones de la delincuencia contra la población, incluidas mujeres, niñas, niños y estudiantes”, señalaron los diputados perredistas.
Subrayaron como ejemplo el asesinato de cuatro jóvenes, incluida una mujer, estudiantes de Medicina, el pasado 24 de febrero en el municipio de Huejotzingo.
Dos, de origen colombiano, estudiaban en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; otro, oriundo de Veracruz, lo hacía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y la cuarta víctima era taxista de la franquicia Uber.
Respecto al vehículo que conducía este último, el boletín 89 de la Fiscalía de Puebla refiere que carecía de aseguramiento, mientras el boletín 90 afirmó lo contrario, lo que da la impresión de autoridades “maquilladoras” de información, corruptas y carentes de credibilidad y confianza.
“Esto resulta en incertidumbre, hartazgo y sensación de mayor inseguridad para la ciudadanía, la que en protesta se manifestó masivamente dos días después del crimen de los cuatro jóvenes, pues evidentemente Puebla, para esa ciudadanía, no es una entidad segura para vivir”, aseveraron.
Los perredistas reiteraron su exigencia piden al gobierno de Puebla, en particular a su Secretaria de Seguridad Pública, de adoptar medidas y estrategias para reducir la violencia, mientras que a sus autoridades ministeriales y judiciales les solicita esclarecer el crimen de los jóvenes a fin de identificar y sancionar a los responsables.
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