Se debe tomar en cuenta el impacto a la sociedad, las empresas y el campo, señalan especialistas
Durante el cuarto bloque de la segunda jornada del Parlamento Abierto sobre la iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, expertos en la materia señalaron la necesidad de conocer y analizar los beneficios y contras que podría tener, tanto para la sociedad, las empresas privadas y el campo.
Eleazar Castro, consultor independiente y ex supervisor operativo del CENACE, consideró que entre 2024-2025 podría haber un déficit en la generación de electricidad lo que derivaría en apagones, además que con esta iniciativa se podría incrementar. Consideró necesario presentar un nuevo tipo de contrato de servicio básico con CFE.
Enfatizó que “hay un riesgo de desalentar la generación y no usar los mecanismos en el mercado. No hay incentivos y se deja de lado la flexibilidad”.
Guillermo Velasco Rodríguez, integrante del Consejo Nacional del Cambio Climático, solicitó tener en cuenta las metas que se tienen como país y que trascienden en cualquier administración, por lo que advirtió que la generación eléctrica con base en combustibles fósiles contaminan los municipios y afectan la salud pública.
“México tiene un alto potencial, la capacidad solar y eólica es más alto de lo que requiere, lo que ayudaría a lograr una generación propia”.
Cristina Amieva, socia fundadora del Bufete Amieva y Asociados, recomendó no radicalizar las posturas respecto de la iniciativa, sino analizarla desde una visión de beneficio económico y regulatorio. Es necesario entender que “no se trata ni de una expropiación ni afectación a las energías limpias, sino mejorar la situación que en la actualidad tiene la CFE”.
Aclaró que no se busca regresar a un monopolio y en la medida en que genere rentabilidad y el Estado ahorre recursos se va a beneficiar a los consumidores. “No se busca afectar la competencia, sino que CFE tenga un piso parejo para competir de forma adecuada y logre tener finanzas sanas, lo cual no se puede lograr si recibe un trato inequitativo”.
Carlos de María y Campos, director de Galicia Abogados, sostuvo que la iniciativa se aleja de los principios constitucionales en la materia. Desconoce cualquier criterio técnico y económico, privilegiando sólo el fortalecimiento financiero de la CFE, sin tomar en consideración que se van a encarecer las tarifas y causar graves daños al medio ambiente, porque el uso de elementos fósiles en lugar de renovables implicando costos mayores de generación y a los usuarios.
Además, se desplaza indebidamente a las empresas competitivas y es un error estimar que las subastas sólo las benefician, sin considerar que generan y venden energía más barata. La propuesta, insistió, se aleja por completo a lo que pasa en el mundo, donde muchos países han migrado a energía limpias a costos más bajos. Hay confusión en el concepto de la rectoría del Estado, la cual está en los tres poderes de la Unión, no sólo en el Ejecutivo, y no pueden ser ignorados.
A nombre de la comunidad zapoteca de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, Gerardo de Gyves solicitó a las y los diputados consideren incluir en la iniciativa a los pueblos indígenas, propietarios de los territorios para que participen en proyectos comunitarios de producción de energía eólica en beneficio de su desarrollo, y no a empresas privadas que han dejado muchos problemas en las zonas donde han instalado plantas. Pese a tener propuestas consolidadas.
Agregó que “uno de los obstáculos más fuertes es que no hay un marco legal que contemple que una comunidad autóctona tengan acceso a la generación de energía eólica”.
Juan Rodríguez Cabrera, también representante de la comunidad, comentó que hay un falso debate respeto a la iniciativa sobre la estructura de la CFE y no considerar a los pueblos originarios. “Queremos ser dueños de proyectos generadores de energía e incorporar a las comunidades”.
Gustavo Alanís Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, afirmó que la iniciativa genera una fundada preocupación porque pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos a la salud y medio ambiente sano, reconocidos en la Constitución y contraviene diversos tratados internacionales firmados por el país, al relegarse los proyectos de energía renovables y priorizar el uso de elementos fósiles, que repercuten en la emisión de partículas con gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica.
Por lo que, llamó a las y los diputados a analizarla de forma objetiva, porque va en sentido opuesto y en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Profundiza la pobreza energética ya que más del 30 por ciento de los hogares la sufren, al no acceder a tarifas bajas.
Del sector Agropecuario, la especialista Horeb Guzmán señaló que el campo ha sido el más lastimado con las iniciativas porque no consideran el costo y las pérdidas que hay en el sector; sin embargo, la CFE siempre ha dado la oportunidad de seguir los procesos productivos, pues gracias a la energía, se tiene en funcionamiento las bombas de irrigación.
“El agro no está para esperar si funciona la energía limpia o no, los productores que lo han tratado han tenido un alto costo, lo que requerimos es el servicio que la CFE nos ha estado dando. El día a día el campesino no lo puede solventar, no decimos que las energías a largo plazo no sean viables, pero hoy en día requerimos de la Comisión”.
Lucila Bettina Cruz Velázquez, doctora en Planificación Territorial y Desarrollo Regional, explicó que muchas de las energías se han basado en el despojo de territorio indígenas, como ha sido en Morelos, por lo que cualquier de las dos formas de producirlas son dañinas, dependiendo de su magnitud.
Señaló el caso del corredor eólico en Tehuantepec con empresas transnacionales, donde entró imponiéndose, hay 29 parques, pero sin beneficio para las comunidades, pero sí con impactos negativos y amparos de las empresas para no pagar los impuestos a los municipios. “Lo primero que hacen es deforestar los árboles, tan sólo para poner la base de un solo aerogenerador”.
El diputado Enrique Ochoa Reza preguntó si se considera que la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte tiene efectos sobre la Constitucionalidad y algunos aspectos esenciales de la iniciativa preferente y de ser el caso cuáles.
Al dar respuesta, el abogado Carlos de María señaló que la iniciativa manda un mensaje de que no importa si te esfuerzas, bajas los costos o si entras a un concurso, al final primero venderá la CFE sin importar que cueste más. Es anticompetitiva y así lo resolvió la SCJN.
