Inicio Análisis político Enrique Vidales Ripoll PJF corrupto, ineficiente, antidemocrático y muy caro para la Nación

PJF corrupto, ineficiente, antidemocrático y muy caro para la Nación

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Como parte de los primeros encuentros que celebró el presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue con los ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, depositarios del Poder Judicial de la Federación, uno de los poderes soberanos y supuestamente autónomos del Poder Supremo de la Federación.

Desde la campaña, una de las banderas de AMLO y de su partido Morena fue la «austeridad republicana» que significa el recorte a los gastos excesivos y suntuosos en la administración pública. Como organismo de interés público el Poder Judicial de la Federación tiene un obligación política y democrática de sujetarse a las reglas y demandas de la sociedad. La base de la propuesta de austeridad de Morena es legítima y es reclamada por la sociedad mexicana, que está cansada y harta del gran dispendio del recurso público que otorga muchos privilegios a los funcionarios públicos en contraste a la pobreza creciente que lastima la dignidad de los mexicanos.

Sin embargo, AMLO salió, en aquella reunión, con la noticia de que no habría una disminución en el salario de los ministros. El obstáculo era constitucional, ya que a los ministros no se les puede disminuir el sueldo mientras estén en le ejercicio de sus funciones como una medida de protección en el supuesto equilibro y contrapaso de los poderes de la federación.

Ahora que el tema del presupuesto se discute en el Congreso de la Unión, el Poder Judicial envía sus requerimientos presupuestales que son recortados, en comparación al año pasado, en 852.8 millones del pesos. Lo que representa apenas un 1.1 por ciento menos. El año pasado la Suprema Corte recibió un total de 71 mil millones de pesos. No se contempla reducciones salariales.

Una propuesta de recorte que la fracción parlamentaria de Morena rechaza y pedirá que el Congreso emita un punto de acuerdo para exhortar una revisión de la propuesta enviada por el Poder Judicial de Federación.

Si de algo estamos seguros, no porque son simples especulaciones, sino que hay informes muy precisos al respecto, es que el ejercicio del poder judicial en México es corrupto.

En el informe presentado por Mexicanos contra la corrupción desde hace un año en 2017 se afirmó que »… al menos 500 jueces y magistrados de todo el País tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas ‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina»

Más recientemente, el mismo organismo civil dio a conocer el mes pasado en el marco de presentación del reporte El déficit meritocrático del investigador, Julio Ríos la confirmación del nepotismo y las redes familiares que imperan en el Poder Judicial. Los datos fríos son escalofriantes: 51% de los jueces de distrito o magistrados de circuito tiene al menos un familiar laborando en el poder judicial y 87% de los cargos que tienen los parientes consanguíneos de jueces y magistrados tienen filtros meritocráticos muy bajos.

Luego entonces, ¿no es exigible a la máxima autoridad Judicial del país un sentido de mayor congruencia y pertinencia a los reclamos ciudadanos para decidir y actuar más a favor de la sociedad y no a la protección sus intereses particulares?

Al final y para el ciudadano común ¿qué nos sirve la Suprema Corte de justicia de la Nación?

¿Cuándo hemos escuchado un pronunciamiento de los ministros en particular y del pleno como autoridad en casos tan complejos y sensibles para los mexicanos como los desaparición de los estudiantes De Ayotizanpa?

¿Cuándo ha asumido la Suprema la defensa de los intereses del patrimonio de la nación ante los casos de corrupción?

¿Cuál fue la respuesta a los señalamientos ciudadanos sobre nepotismo y qué medidas tomaron para cambiar la percepción de corrupción que impera en las redes familiares que están arraigadas en el poder Judicial?

Grave la insensibilidad de los integrantes del Poder Judicial que no entienden el mensaje ciudadano emitido el 1 de julio pasado.

Una insensibilidad que pone en duda la honorabilidad y la carencia de valor democrático de la institución que debería ser garante de la certeza y la certidumbre jurídica, ejemplo de congruencia y ajena a los actos corruptos y desleales de funcionarios públicos que ven en el poder la oportunidad para servirse del pueblo, en lugar de estar al servicio del pueblo.