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Plantean infraccionar a prestadores de servicios educativos que omitan protocolos de actuación contra maltrato o agresión

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La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (PAN), secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, impulsa una iniciativa a fin de infraccionar a los prestadores de servicios educativos que omitan el cumplimiento y aplicación de los protocolos de actuación contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, acoso, agresión, abuso, trata o explotación dentro de los centros escolares.

En su propuesta de reformas a la Ley General de Educación, la legisladora señaló que se ha detectado que el conjunto de los centros de educación inicial y básica en el ámbito público y privado, no realizan acciones de prevención y responden de forma mediática conforme van ocurriendo los casos, omitiendo la aplicación de los protocolos de actuación.

Por ello, planteó adicionar una fracción al artículo 75 de la citada ley para concretar la atención en la vigilancia y protección de los derechos de los educandos. La omisión de estos mecanismos vulnera en todo momento, el derecho de protección de la primera infancia por parte de las autoridades educativas.

Estimó que la propuesta, turnada a la Comisión de Educación, fortalecería a las escuelas convirtiéndolas en espacios incluyentes, libres de violencia y seguras para todos.

Explicó que los protocolos de actuación tienen como objetivo la sana convivencia en la escuela y fortalecer las prácticas inclusivas, democráticas y pacíficas.

La legisladora mencionó que la Secretaría de Educación Pública emitió las Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, que tiene como fin la metodología e implantación de los protocolos de actuación en las 32 entidades federativas.

Subrayó que contar con una guía de prevención puntual por parte del Estado mexicano, a través de la Ley General de Educación, facilitará una atención y tratamiento oportuno específico para cada caso que atente en contra de niñas, niños y adolescentes; y de ser necesario, la reparación del daño, así como una cultura de la prevención desde las instancias encargadas de la comunidad educativa.

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