La reforma en materia de justicia cotidiana laboral decretada el año pasado enfrenta retos presupuestales, normativos, de especialización de personal y de operatividad para su puesta en marcha el próximo año, coincidieron en señalar representantes de los ámbitos legislativo, académico y de justicia laboral en la mesa panel “Retos y Realidades de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Cotidiana Laboral” realizada esta tarde en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En el evento, que se llevó a cabo en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia, participaron el Senador de la República Tereso Medina Ramírez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán Magistrado Marco Alejandro Celis Quintal, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Armando Aldana Castillo y el abogado postulante especializado en derecho laboral Luis Briceño Sosa.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán Magistrado Marco Alejandro Celis Quintal, señaló que el decreto, aprobado por el legislativo el año pasado, establece que las resoluciones producto de los conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales de las entidades federativas o del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito local y federal respectivamente, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Además ordena la creación de centros de conciliación especializados en cada entidad y a nivel federal.
Por su parte, el senador Medina Ramírez expresó que las juntas locales “cumplieron su ciclo para emigrar a los tribunales laborales dependientes de los poderes judiciales” y uno de los retos es cómo se normará en esta nueva fase la resolución de conflictos entre patrones y trabajadores, ya que implica adecuaciones a una serie de leyes, entre ellas la ley orgánica del Poder Judicial, la ley de acceso a la información pública, la ley laboral, los medios alternos de solución de controversias, del Consejo de la Judicatura, la ley de responsabilidades de servidores públicos y la ley de ingresos y egresos del Estado para dotar de los recursos y la nueva estructura que requiere el cambio.
Esto derivado del decreto presidencial que reformó los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fue publicado el pasado 24 de febrero del presente.
El senador apuntó que este decreto establece que los Centros de Conciliación Laboral deberán llevar un registro de los contratos colectivos y de los sindicatos y aplicarán disposiciones laborales que afecte a dos o más entidades federativas. Recordó que las disposiciones de este decreto deberán entrar en vigor en el plazo de un año, es decir, el 24 de febrero de 2018. Resaltó que los acuerdos por vía conciliatoria, etapa que será obligatoria antes de que los casos pasen a proceso judicial, tendrán la garantía de “cosa juzgada”.
Por su parte, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Yucatán, Armando Aldana Castillo, dijo que la realidad de este organismo en la entidad está limitada por un presupuesto de 12 millones de pesos en promedio al año, lo que implica salarios, infraestructura y gasto corriente, con salarios que van de 4 mil pesos al mes aproximadamente al más alto del presidente, sin considerar impuestos. Reconoció que este presupuesto ha ido en aumento.
En contraste, informó que las demanda individuales que recibe la Junta han ido en aumento en el estado con 3,227 en 2013; en 2014 se recibieron 3,427, en 2015 se registraron 3,784 y en 2016 llegaron a 4,080.
En cuanto a los emplazamientos a huelga, con el aumento de la inversión en Yucatán se han ido también a la alza para pasar de 96 a 250, de las cuales 60% se resolvió por la vía de la conciliación. Explicó que en este gobierno también se pudo avanzar en la disminución del rezago de laudos.
Esta es una realidad que va a vivir el Poder Judicial del Yucatán con esta reforma de enormes dimensiones que rompe un paradigma, pero que requiere del apoyo de la sociedad, los abogados y los servidores públicos para que se lleve a buen fin, apuntó Aldana Castillo.
Recomendó que es deseable que tanto el Centro de Conciliación Laboral de Yucatán y el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado inicien funciones juntas y que desde ahora se coordinen las autoridades y se cree una unidad de enlace con participación legislativa, administrativa, financiera, de recursos humanos para la transición.
Por su parte, el abogado Luis Antonio Briceño Sosa, postulante en materia de trabajo y catedrático recordó que las Juntas de Conciliación quedaron rezagadas en recursos materiales, financieros y humanos y considero que si estas hubieran tenido apoyo en estos aspectos “no hubiera sido necesario llegar a una situación tan extrema” como la que plantea la reforma.
