La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Víctimas, con la finalidad de robustecer las medidas para su ayuda, asistencia, atención y su rehabilitación; el documento fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Las reformas, avaladas en lo general, con 323 votos a favor, 41 en contra y 34 abstenciones, refieren que se busca subsanar las deficiencias de la ley y crear un mayor lazo de confianza entre la víctima y el Estado.
Establecen la obligación de las entidades federativas para contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, a fin de flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Se define la figura de recursos de ayuda, como diversos gastos: alimentación, hospedaje, trasportación, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
Facultan a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atraer los casos del fuero local relacionados con la atención y reparación de las víctimas, y como órgano operativo y rector en materia de su atención y de violaciones de derechos humanos.
La CEAV deja de ser un órgano colegiado y esta responsabilidad recaerá en un Comisionado Ejecutivo, que será nombrado por el Presidente de la República, previa consulta pública entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en su atención y ratificado por el Senado de la República.
Garantizan los criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas respecto a los convenios de coordinación firmados entre la CEAV y las comisiones de víctimas de las entidades federativas, para establecer las reglas de reintegración de los recursos erogados. También se otorgará atención inmediata a las poblaciones víctimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias.
Durante la fundamentación, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), destacó que se garantiza el interés superior a la niñez, los derechos de las víctimas y se establece que puede contar de manera inmediata y prioritaria con atención médica y psicológica, trabajo social y demás que se consideren necesarias.
Explicó que las reformas tienen el objetivo de que las víctimas accedan a medidas de apoyo y reparación de manera inmediata, estableciendo una estructura orgánica funcional para ello.
Precisó que algunos de los aspectos más relevantes contenidos en dicho dictamen es que se establecen las reglas de coordinación entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y los estados para brindar mayores posibilidades de reparación de daño a las víctimas.
Además, dijo, facultar a la Comisión Ejecutiva para ayudar a las víctimas de manera inmediata en cuestiones de alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio.
Del mismo modo, se crea una nueva estructura orgánica de la CEAV, desapareciendo todos los comités, excepto el encargado de los proyectos de reparación a fin de continuar con la investigación y la generación de política pública en la materia.
Al fijar su posicionamiento, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) se pronunció a favor del dictamen al resaltar algunas de las bondades de las reformas como la flexibilidad de los mecanismos de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.
Consideró de trascendencia instaurar la facultad de atracción en favor de la CEAV, lo que evidentemente hará factible que asuntos locales de especial relevancia sean atendidos por esta instancia. Destacó que se garantiza a menores víctimas de un delito de violación de sus derechos humanos, un desarrollo integral y una vida digna.
La diputada Angélica Reyes Ávila (Nueva Alianza) estimó preciso establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV y las comisiones ejecutivas de los estados podrán proporcionar recursos de ayuda.
Consideró indispensable dotar a la Comisión Ejecutiva de directrices puntuales para intervenir efectivamente en la atención a las víctimas y de ser el caso conseguir la reparación del daño. Confió en que las acciones que se deriven de este decreto se conviertan en una atenuante del dolor de miles de mexicanas y mexicanos.
En su turno, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos (Movimiento Ciudadano) señaló que una legislación en materia de víctimas es un instrumento idóneo para combatir la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, porque se reconoce la dimensión de un problema que lastima a la sociedad y se restituye y repara el daño que en muchas ocasiones es cometido por el Estado en contra de sus ciudadanos.
Resaltó que sin una Ley de Víctimas apropiada, México no será capaz de salir de esta crisis y la norma es resultado de la lucha de la sociedad civil y de los colectivos de víctimas; reconoció que la reforma no es perfecta, pero intenta superar obstáculos, hacer más operativa y eficaz a la CEAV, dándole viabilidad y suficiencia al Fondo de Asistencia.
Por Morena, la diputada Ernestina Godoy Ramos indicó que el dictamen en lo inmediato resulta un pequeño avance. “Pero en el fondo es una afrenta a los colectivos de víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. Un tema tan sensible y de gran trascendencia dejó fuera a las víctimas mismas”.
Resaltó que no se reconoce el desplazamiento forzado de miles de personas, “lo cual en la especie implicará que persistan trabas burocráticas”. Reconoció avances, quedando pendientes temas importantes. “La desdicha nacional que estamos viviendo merece una legislación que tenga a las víctimas como eje central de la reforma”.
La diputada Lia Limón García (PVEM) señaló que el problema no ha sido la falta de fondos para la atención a víctimas, sino la serie de trabas que existen en la propia ley para poder ejercer este fondo. Con estas reformas, las víctimas podrán recibir apoyos de manera adecuada, no solo como indemnización sino también para poder ejercer varios de los otros derechos establecidos en la norma.
También, añadió, se fortalece la facultad de atracción de la CEAV para que tenga la posibilidad de allegarse los casos que se encuentran en entidades federativas y que no han sido atendidos. Se modifica la comisión para que en lugar de ser un cuerpo colegiado, sea unipersonal porque se requiere que tenga mayor agilidad en beneficio de las víctimas.
Por su parte, el diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) comentó que con este dictamen se va a dar respuesta a más de 185 mil mexicanos que se desplazaron a otras entidades debido a la violencia y a la inseguridad.
Estimó que existen omisiones y errores que se han detectado en el dictamen, como el tratamiento que se le da al ofrecimiento de los peritos especializados en diversas materias, poniendo una barrera para que no se eche mano de expertos internacionales o extranjeros, hasta en tanto no se agoten los del país.
Del PAN, el diputado Javier Antonio Neblina Vega dijo que, con la aprobación de este dictamen, hace un enérgico llamado a las autoridades responsables para que de inmediato se desplieguen acciones de apoyo a las víctimas del delito.
Igualmente, “exigimos que los pagos a presuntas víctimas de violación a los derechos humanos, no se hagan en contextos que revictimicen a ofendidos de delitos graves como secuestros, extorsiones y homicidios”.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales (PRI) destacó que los cambios a la ley permiten acceder a los recursos del Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral, y se faculta a la CEAV para que atraiga los asuntos del fuero común.
Además, dijo, se incluye el principio de interés superior de la niñez; se fortalece la protección de los derechos vulnerados con motivo de los desplazamientos internos y se respetan todos los principios establecidos en la ley en favor de las víctimas. Se pronunció por no permitir que la condición de víctima se agudice a causa de la ineficiencia de las leyes.
Durante la discusión, el diputado Alfredo Basurto Román (Morena) consideró que si bien es cierto que el dictamen contiene avances, presenta también varias deficiencias y se quedó mucho a deber a la sociedad.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (Morena) destacó que la ley tiene que ser abordada desde el punto de vista de las víctimas y se pronunció por que la norma sea efectiva, expedita y atienda el punto de vista de los afectados.
El perredista Omar Ortega Álvarez dijo que su grupo parlamentario iría en contra del dictamen, al estimar que se debe garantizar a la víctima la facultad irrestricta y el derecho a determinar qué perito es más capaz e idóneo para su prueba.
Reservas
Durante la discusión en lo particular, se aprobaron en términos del dictamen, con 302 votos a favor y 96 en contra, las reservas a los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 28, 38, 45, 47, 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 132, 135, 136, 179, 180, quinto, octavo y décimo quinto transitorios.
