Durante el Foro Por la Paz: “Nunca más Tlaltelolco, nunca más Iguala”, la diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) presentó la iniciativa que reforma artículos de la Constitución en materia de investigación de delitos, a fin de establecer que la Corte Penal Internacional pueda garantizar los derechos de las víctimas.
La propuesta modifica el párrafo octavo del artículo 21 para determinar que el Ejecutivo Federal reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Actualmente la ley señala que el Ejecutivo podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, aceptar la territorialidad de ese organismo mundial.
También elimina del segundo párrafo de la fracción primera del artículo 76, la facultad del Senado de aprobar los tratados internacionales en el ámbito de derechos humanos.
Al presentar la iniciativa, Pérez Segura dijo que este documento da voz a quienes han luchado por años. “En este momento impulsamos esta reforma porque hay que ser congruentes con lo plasmado en los diferentes discursos, en el sentido de que la protección y garantía de los derechos humanos debe estar por encima de todo en cualquier momento”.
Reconoció que existen múltiples tratados internacionales relacionados directa o indirectamente con derechos humanos, con los que el Estado ha declarado expresamente su adhesión desde hace tiempo; sin embargo, “nos hemos quedado cortos cuando es necesario identificar, juzgar y hacer que respondan las personas por sus delitos”.
Afirmó que es clara la persistente omisión del Estado respecto de casos trágicos que han dejado de ser paradigmáticos, precisamente por continuos y repetidos; se ha creado la imagen de una estructura que a partir de su reproducción ha perpetuado una conducta sistemática de violaciones de los derechos humanos por parte de órganos estatales.
Ante ello, agregó, “es oportuno dirigir nuestros esfuerzos hacia un proyecto de nación, en el que la defensa de estos derechos sea considerada desde el primer momento, de forma permanente y definitiva como uno de los presupuestos fundamentales, así, en nuestra Carta Magna quedan resguardados los artículos correspondientes a la protección irrestricta de los derechos humanos y tratados internacionales”, relacionados.
Puntualizó que esta Legislatura se comprometió a dar voz a los ciudadanos y esta iniciativa es consistente con ello. “Buscamos que tengamos certeza de que en el futuro no se repitan más actos como el de Tlalteloco e Iguala, necesitamos que las leyes nos protejan a futuro, porque creemos que si alguien tiene que ser juzgado debe enfrentar las consecuencias sin que esté cobijado por el poder; nadie por encima de la ley”.
En la inauguración del foro, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) señaló que la transformación política que se ha vivido a partir de julio del 2018 abarca un aspecto importante en la historia de las represiones del siglo XX y ahora pueden salir plenamente a la luz, y los poderes públicos están en condiciones de ejercer sus funciones constitucionales frente esos crueles hechos. “Este sigue siendo un asunto del Estado”, indicó.
También mencionó que la sociedad ha demostrado mucho interés en el conocimiento pleno de la justicia, respecto de las sucesivas represiones que arrojaron miles de muertos, heridos y encarcelados. No solamente se trata de la contención al movimiento del 1968, de la del 10 de junio de 1971, se trata de muchas más que se han dado. “Podemos decir que sabemos quiénes son los principales responsables, pero no se trata de saberlo, se trata de que conste en actas”, dijo.
Gómez Álvarez relató que cuando se expidió la Ley de Amnistía para los presos del 68, se olvidó la causa penal contra los encausados, pero no la acción de los represores y eso abarca a los jueces. “Estos actos los debe de esclarecer el Poder Judicial”, es una necesidad política, lo requiere la sociedad para dignificar sus movimientos opositores y plantearse como viabilidad histórica el “nunca más”, añadió.
La gran acción popular que logró la victoria en 2018 tiene que hacer valer su historia, “hay que acreditar que somos herederos de la lucha contra la represión” y reclamar la responsabilidad del Estado que está viva, concluyó.
En su participación, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), dijo que a lo largo de la historia de México se han perpetrado crímenes de lesa humanidad que requieren ser amparados y juzgados a nivel internacional. Esta cruda realidad es lo que ha dado pie al nacimiento de la mayoría de los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos.
Señaló que en este nuevo gobierno deben de quedar juzgados aquellos actos y devolver la paz a todas esas familias; esta legislatura necesita marcar un hito en el ámbito jurídico internacional y lograr un impacto ético a nivel global. “El derecho sirve para la vida o no sirve para nada”, comentó.
Amalia García Medina, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, consideró que es terrible que casos como los de Tlatelolco y Ayotzinapa han ocurrido en diferentes momentos de la historia del país.
Uno de los graves problemas, agregó, es la impunidad; hay “gran cantidad de avances en iniciativas de ley, reformas, instituciones y, sin embargo, la impunidad sigue estando presente”.
Es importante modificar el artículo 21 constitucional para establecer que México reconozca la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Preguntó: “¿Es tan difícil esto? Simplemente son unas palabras”.
Reiteró que la Constitución sí debe presentar un planteamiento sobre la Corte Penal. “Es importante establecer en la Ley que ante crímenes de lesa humanidad, genocidios y resistencias que hubiera en el país, para que éstos se juzguen, esté quien esté gobernando, haya una Corte que garantice los derechos de las víctimas y que no exista impunidad”.
Un crimen de lesa humanidad es el que agravia a toda la humanidad, agregó, y preguntó: ¿la masacre de Tlalteloco agravia a toda la humnidad? A 51 años de ese hecho, claro que nos agravia; el de los jóvenes de Ayotzinapa, que haya sido un hecho brutal, de poder, ¿nos agravia? Por estos motivos es fundamental la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; es un reclamo justo.
Lídice Rincón Gallardo, presidenta de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, dijo que no había ninguna razón para que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieran; fue una total arbitrariedad, eran personas honestas, trabajadoras y respetuosas de la ley, por eso, esta iniciativa es urgente y necesaria.
Consideró que, frente a este panorama, los derechos humanos son la única protección que tenemos porque “ahora lo que nos queda es una cultura del miedo y esta dinámica de la violencia institucionalizada, por eso debemos apostar a una cultura de la legalidad con absoluta perspectiva de derechos humanos”.
Puntualizó que hoy la sociedad civil demanda paz como prioridad, un estado de paz que sea el producto de que la ciudadanía tenga la certeza de que cualquier fallo del sistema democrático será atendido y no se producirá una revictimización frente a las violaciones a los derechos humanos.
José Luis Rodríguez Flores, de la organización Socialismo Democrático Jalisco, dijo que la paz tiene que ir de la mano de los derechos humanos y los avances importantes en la construcción democrática de México. Dar paso a que la Corte Penal Internacional tenga plena jurisdicción es importante. “Ojalá en el proceso legislativo pronto podamos ver la reforma al artículo 21 constitucional y otros artículos que están directamente relacionados con ello”.
Manuel Calderón Vences, integrante del Comité del 68, señaló que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional necesita hacerse efectiva ante las omisiones de investigación en que incurra la autoridad mexicana. “Pensamos que nuestro país tiene un estado de impunidad en el cual todos los crímenes de Estado no han sido perseguidos, ni castigados”.
Cristina Bautista y Estanislao Mendoza Chocolate, representantes de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, manifestaron que es importante el apoyo de los legisladores para pronunciarse con otras instituciones a fin de que los ayuden a resolver este caso. “Nosotros seguimos en pie de lucha y exigiendo, porque no ha habido información sobre el paradero de los muchachos”.
“Queremos saber de nuestros hijos; son cinco años sin saber nada de ellos, sin saber cómo están. Nuestro caminar ha sido muy difícil; pedimos a los diputados su apoyo para llegar pronto a la verdad”.
Silvano Cantú Martinez, de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, mencionó que los esfuerzos de las instituciones de justicia tienen que tener el fin de proteger a las víctimas. México ha transitado hacia el modelo de un derecho centrado en la humanidad; existe la necesidad de que los trabajos realizados en materia de justicia para las víctimas, se complementen con iniciativas sobre la procuración e implantación de justicia, señaló.
Luis Álvaro López Trinidad, especialista en derechos humanos, aseveró que el principal infractor de los derechos humanos del país era el propio Estado, principalmente en crímenes de lesa humanidad, como, el desplazamiento y desaparición forzada, la tortura, trata de personas, incluidos en el Estatuto de Roma. “Se tiene que investigar, hacer lo necesario para que quien cometa este tipo de actos, sea quien sea, tenga un castigo. Ya no más Tlatelolco, ya no más Ayotzinapa”, aludió.
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