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Posturas sobre el dictamen a la minuta relativa a la Convocatoria de Consulta Popular

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El objetivo es legitimar y fortalecer la democracia participativa

Externan inquietudes sobre el costo económico de la consulta y claridad del proceso

 

En la sesión semipresencial de este jueves, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social y PRD, emitieron comentarios sobre el dictamen a la minuta que aplaza hasta el jueves 15 de julio de 2021, la entrada en vigor del Decreto y la Convocatoria de Consulta Popular.

 

Se legitimará y fortalecerán las decisiones de poder

 

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Morena) dijo que la consulta legitimará y fortalecerá las decisiones de poder, estimula la democracia participativa, contribuye a la cultura política y a la consolidación de las decisiones. “Con esta reforma se contribuye a perfeccionar el principio de legalidad contenido en la convocatoria así como el ejercicio de participación”.

 

La Consulta no está respaldada por la correcta técnica jurídica

 

Verónica María Sobrado Rodríguez, diputada del PAN, puntualizó que están en contra porque no parte de la autonomía de los poderes, tampoco está respaldada por la correcta técnica jurídica, y la República está en riesgo. “Desde esta tribuna advertimos: la consulta popular será costosa. Lo que estamos defendiendo es el Estado de derecho como principio fundamental y rechazamos que se violente la Constitución al más puro estilo de la ley de Herodes”.

 

La Consulta Popular está amañada

 

A través de la plataforma digital, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez (PRI) expresó que votarán en contra porque es una consulta amañada y es un instrumento jurídico imperfecto que ha demostrado la necesidad de una reforma integral a la propia Ley de Consulta Popular. “No se vale que la justicia se ponga a consideración de las y los ciudadanos; la justicia se aplica, debe ejercerse como lo marca la Constitución. No acompañaremos el dictamen por considerar que la modificación al artículo primero transitorio no contribuye a dar claridad a todo el proceso”.

 

No acabará la corrupción si no se termina con la impunidad

 

También por plataforma digital, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, dijo que acompañarán el dictamen porque no se acabará la corrupción si no se termina con la impunidad. “Es correcta la reforma, por eso la respaldamos con absoluta firmeza. El Partido del Trabajo convocará al pueblo a participar para juzgar a los expresidentes”.

 

La Constitución es clara sobre la propaganda gubernamental

 

Martha Tagle Martínez, diputada de MC, señaló que desde su inicio el dictamen tiene omisiones legislativas, toda vez que no se reformó la Ley Federal de Consulta Popular y afirmó que es muy claro el artículo 35 constitucional respecto a los tiempos de suspensión de la propaganda gubernamental. “Estamos en contra de que se use a la Consulta Popular con fines electorales del Presidente y porque la justicia no debe estar en una consulta ni a negociación”.

 

Consulta Popular da nuevo dinamismo a la democracia

 

El diputado Francisco Javier Saldivar Camacho (Encuentro Social) indicó que con la Consulta Popular se le da un nuevo dinamismo a la democracia mexicana e involucra a las y los ciudadanos en los asuntos públicos. Con la minuta, dijo, se busca evitar la contaminación electoral y establecer las bases para que la autoridad electoral organice y desarrolle la consulta. “Nunca más un gobierno que no escuche a la gente ni de espaldas al pueblo”

 

Esa Consulta es el juego más perverso

 

Por el PRD, el diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, mencionó que aparentemente la modificación es menor; sin embargo, la trascendencia del acto es de gran importancia por el grave daño a los derechos humanos que generará ese seudoejercicio democrático. “Esta es una consulta que no es consulta y tiene una pregunta que no pregunta nada; sin consecuencia legal alguna y que no tiene  asignado recurso presupuestal para sus promotores. Es el juego más perverso en contra de los instrumentos de democracia participativa”.

 

Posturas a favor y en contra

 

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) subrayó que es fundamental saber cuánto dinero costará la consulta, ya que podría destinarse a la atención de otras necesidades urgentes del país. Añadió que la consulta no cumple con los requisitos legales y está mal hecha desde el principio; con la consulta se tendrá al Presidente de la República como actor principal en las elecciones federales de 2021.

 

Desde plataforma digital, el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena) resaltó que el decreto entrará en vigor a partir del 15 de julio de 2021 y no es intención del legislador suspender la propaganda gubernamental, sobre todo cuando es fundamental tomar en cuenta a la población sobre las faltas y delitos cometidos por gobernantes ante los altos índices de impunidad que prevalecen en las entidades federativas.

 

Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, argumentó que el dictamen representa un concierto de errores que genera incertidumbre jurídica a la ciudadanía y al INE, y cuestionó “si el mismo tiene como objeto que la Consulta Popular fracase; parecería que son ustedes, los de Morena, los que no quieren que la consulta se haga”.

 

El diputado Alfonso Pérez Arroyo (Morena) dijo que la propuesta tiene una sólida valoración jurídica e incluye una gran dosis de sentido común. “Blindaremos políticamente este parteaguas en la historia de la democracia del país participativo. La modificación de la entrada en vigor, no solo es viable y oportuna, también es indispensable para proteger el conjunto de derechos y libertades de los ciudadanos”.

 

Carmen Julia Prudencio González (MC) subrayó que votarán en contra porque hay muchas inconsistencias; por ejemplo, la pregunta no cumple con los elementos establecidos en la Ley de Consulta Popular, no hay claridad y no es concreta. “Hacemos un llamado a los ciudadanos que de buena fe impulsan las consultas a que juntos exijamos un alto a las prácticas que dañan la democracia”.

 

De Morena, el diputado César Agustín Hernández Pérez puntualizó que el dictamen asegura que los tiempos para la realización de la Consulta Popular y los comicios no se vean afectados con la suspensión de la propaganda gubernamental; es decir, garantiza que esta herramienta para la democracia participativa no tenga lugar en un marco de vacíos legales que den paso a interpretaciones inadecuadas.

 

La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN) dijo que la democracia participativa es fundamental; por ello, las reglas deben ser perfectamente claras. “La Corte oficiosamente engendró una pregunta inocua, confusa, inconducente y cuya respuesta no abona en nada al fortalecimiento de la deliberación ciudadana. Lo que pretenden es una finalidad perversa: que el Presidente siga haciendo proselitismo aún cuando lo tiene prohibido”.

 

Vía plataforma digital, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) reconoció que la Consulta Popular costará millones “por eso la fracción parlamentaria sostenía que se tenía que realizar durante la jornada electoral, pero si la consulta y la propia revocación del mandato no se realizan en la misma fecha de la jornada electoral, es porque la oposición votó en contra. Seguiremos impulsando este tipo de mecanismos de democracia participativa”.

 

La diputada Erika Vanessa Del Castillo Ibarra (Morena) puntualizó que la consulta no es revancha; es un derecho humano, es escuchar al pueblo. “El pueblo tiene derecho a la verdad, a decidir sobre su futuro y a juzgar el pasado. La impunidad no tiene memoria, pero la justicia sí”.

 

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) mencionó que la minuta que envió el Senado subsana el periodo en el que se suspende la información pública de los ejecutivos, no solo del Presidente de la República, también de los gobernadores y presidentes municipales. “No es la intención del Poder Legislativo suspender una actividad constitucional obligatoria de informar a la población y de alterar un derecho de la ciudadanía.  Se corrige la fecha porque no se puede estar un año sin información pública”.

 

 

 

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