En esta semana se dio cuenta por el periódico POR ESTO! sobre un desalojo de comerciantes en la ex estación de ferrocarriles de Puerto Progreso. Un espacio que deja de ser considerado público por posesión y legitimación de la propiedad a favor del señor Teodoro Sansores.
El asunto se circunscribe en la aplicación de derechos a partir de la quiebra de ferrocarriles de México que implicó la donación de terrenos a favor de trabajadores que los estaban habitando. Esto ha venido sucediendo a lo largo de toda la república donde se presenta una situación similar al hecho que nos atañe. Por lo cual, el señor Teodoro Sansores al estar habitando en la ex estación por más de 40 años este es un derecho que le corresponde.
Es por ello que, en días recientes por el proceso de regulación legal de la propiedad, se realizaron acciones para hacer valer ese derecho conforme los mecanismos que la misma ley y la aplicación normativa exige. Como resultado se delimito con malla ciclónica la propiedad con base estudio y peritaje municipal. Lo que reconoce la posesión legítima y pacífica. Esto ha quedado validado y reconocido por la autoridad municipal de Progreso.
La nota trascendió por la discusión de algunos comerciantes que ante una confusión de la autoridad municipal habían otorgado, e inclusive cobrado, derecho de piso para la actividad comercial. Esto en perjuicio del legítimo poseedor y propietario.
Quedo claro, como lo dice la nota periodística, que tanto el departamento jurídico de la policía como la administrativa municipal, la posesión del predio es legítima. El proceso de legalización cumple con las formalidades legales y pertinentes.
Esto implica que por derecho oponible de propiedad el señor Teodoro Sansores resulta dueño de ese bien inmueble. Para el caso de los comerciantes que, no son chiapanecos sino inmigrantes guatemaltecos, se les ofreció un espacio para continuar con su actividad comercial, pero con la condición de realizar un pago por la renta del espacio. Lo que se cobraba de manera ilegal la autoridad municipal.
Sin embargo, sin tener más fundamento que no estar de acuerdo con ello, no aceptaron y se dedicaron a proferir insultos y amenazas en contra del señor Teodoro Sansores. Una situación que provocó la presencia de los cuerpos de seguridad municipal y estatal que terminaron dando la razón a Don Sansores. Inclusive ya son responsables de agresión directa contra un plomero que realizaba acciones de mantenimiento en el lugar. Este asunto sigue su curso legal en la Fiscalía General del Estado.
Esta es una cuestión netamente privada. Que surge como consecuencia de la quiebra de ferrocarriles y la disposición de sus bienes inmuebles que favorecen a la familia Sansores Dzul. En las redes sociales hay quienes ya están opinando en contra de este hecho. Sin duda son personas ajenas y sin el conocimiento previo y necesario para entender y comprender esta situación que está en manos de la aplicación de leyes y derechos.
Al final, la ley está para cumplirse, aunque a veces no nos guste.
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