Este proceso de designación careció de criterios de idoneidad y no hubo condiciones para la participación ciudadana.
La SCJN merece la designación de perfiles idóneos e independientes que garanticen su buen desempeño y abonen a la confianza en las instituciones.
La designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá por parte del Senado de la República como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) representa un retroceso en materia de designaciones públicas, que se caracterizó por ser uno de los más cerrados a la participación ciudadana y poco transparentes.
La naturaleza de la Corte amerita que la conformación de su Pleno se base en una selección a partir de los méritos y capacidades de las personas, así como de su independencia y probidad. En este sentido, el proceso de designación presentó diversas irregularidades:
- Careció de criterios claros de idoneidad, donde el Ejecutivo Federal envío una terna sin fundamentar las razones de idoneidad de las y el candidato por encima de otras personas, es decir, no se señaló qué tipo de auscultación o elementos se tomaron en cuenta para determinar de un gran universo de personas que podrían cumplir con los requisitos formales.
- No hubo condiciones para la participación ciudadana, toda vez que el Ejecutivo y el Senado realizaron un proceso de ratificación opaco y sin una discusión pública amplia. Cabe señalar que a pesar de que la sociedad civil hizo reiterados pronunciamientos y observaciones al proceso y sobre la idoneidad de las personas candidatas, éstas no fueron tomadas en cuenta, evidenciando una actitud ajena a prácticas de Parlamento Abierto que se habían garantizado con anterioridad.
- No se realizó un escrutinio sobre la información que presentaron el y las candidatas, ni fue publicada por ningún medio oficial.
- Las entrevistas realizadas por la Comisión de Justicia no contaron con el tiempo suficiente para hacer un análisis serio sobre los perfiles y posturas, por el contrario, evidenciaron un proceso poco serio y con prisas.
En suma, la designación se llevó a cabo con poca información, sin garantizar el principio constitucional de máxima publicidad, sin mecanismos de evaluación a partir de un perfil ideal, sin participación ciudadana, sin una revisión seria y responsable y con reuniones a puerta cerrada o sin quórum.
La elección de Alcántara por el Pleno del Senado ilustra como las designaciones están en función de arreglos políticos en lugar de considerar criterios como la capacidad e independencia de los perfiles. Este escenario dista de designaciones que generen confianza y legitimidad en nuestras instituciones, por el contrario, abonan a una fragilidad institucional. La llamada “cuarta transformación” atraviesa por cambiar estas prácticas y garantizar un buen gobierno.
Atentamente
Artículo 19 México y Centroamérica; Borde Político; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Equis Justicia para las Mujeres; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); México Evalúa; y Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas
* Con el apoyo internacional de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
#SinCuotasNiCuates
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