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Prioritario, que las jefas de familia que ganan menos, accedan a créditos de vivienda

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 Sólo el 2.40 por ciento de las mujeres adquiere vivienda

Debido a que más del 78 por ciento de las jefas de familia no tienen acceso a un crédito hipotecario público o privado porque ganan menos de cinco salarios mínimos al mes, la diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya Hernández convocó a la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) a establecer un esquema que las considere sujetas de apoyo prioritario en la implantación y vigencia del Programa de Vivienda Social.

 En un punto de acuerdo que impulsa, la también secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que sólo el 2.40 por ciento de las trabajadoras obtienen ingresos suficientes para acceder a un financiamiento para vivienda, pese a que los hogares con jefatura femenina representan el 28.5 por ciento del total.

“Son el único sostén económico y se encuentran en desventaja, porque en algunos sectores laborales las mujeres perciben salarios más bajos por trabajos iguales al de los hombres, lo que significa que esas familias perciben menos ingresos en comparación con el proveedor varón”, subrayó.

 “A pesar de los trabajos legislativos para alcanzar la igualdad de oportunidades, aún quedan retos por superar como acceso a la vivienda”, porque 5 millones 835 mil 459 mujeres reciben hasta un salario mínimo, lo que representa el 27.15 por ciento; 6 millones 862 mil 364 ganan hasta 2 salarios mínimos, lo que significa el 31.93 por ciento.

La propuesta se remitió a la Comisión de Vivienda para discusión y, en su caso, aprobarla en apoyo a las jefas de familia que ganan menos; 2 millones 753 mil 715 mujeres perciben de dos hasta tres salarios mínimos, equivalente al 12.81 por ciento.

Un millón 397 mil 894 reciben más de 3 y hasta 5 salarios mínimos, que representa 6.50 por ciento, y sólo 517 mil 633, el 2.40 por ciento obtiene más de cinco salarios mínimos.

Loya Hernández, también integrante de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que en 2019, el Programa de Apoyo a la Vivienda desaparece y se creó el de Apoyo Social a cargo de la Conavi, planteando tres estrategias: atender a la población con mayor rezago; contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bienestar social y fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la Producción Social de Vivienda Asistida.

El objetivo de centralizar las diferentes acciones en una sola, tiene el propósito de atender a las personas no sujetas de crédito, y que son atendidas por la banca social.

Es prioritario, afirmó, que las jefas de familia tengan acceso a créditos hipotecarios, porque de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hay un rezago que supera los 14 millones de vivienda en el país.

“En la mayoría de los casos el ingreso es uno de los principales factores asociados, porque el 57.9 por ciento de los hogares que se ubican en los primeros cuatro deciles económicos enfrentan esa situación”.

La legisladora por Jalisco refirió que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Segundo Trimestre del 2019, publicada por el Inegi, planteó que hay un total de 54 millones 936 mil 719 de población ocupada, 21 millones 486 mil 902 son mujeres, de esa cifra, 16 millones 849 mil 432 reciben de uno a cinco salarios mínimos mensuales, que las imposibilita a ser sujetas de crédito para vivienda.

De acuerdo con el informe sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de Habitat International Coalition, citado en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social 2019, “en México la compra de vivienda nueva sólo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, porque a partir de ese nivel de ingreso se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados”.

El artículo 4o constitucional precisa que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Además, que en 1979 se creó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), convirtiéndose en el instrumento jurídico internacional con mayor reconocimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas, y México la ratificó el 23 de marzo de 1981.

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