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Proponen expedir Ley General de los Derechos de los Jóvenes

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El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) impulsa iniciativa que plantea expedir la Ley General de los Derechos de los Jóvenes, a fin de generar condiciones de igualdad, acceso a los beneficios de políticas públicas y de respeto a sus derechos fundamentales.

La propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria, refiere que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población de jóvenes en México, cuyas edades van de 12 a 29 años, equivale a 37.5 millones de personas, es decir, 30.6 por ciento del total.

Añadió que el Coneval ha sido preciso al recomendar que se fortalezca el sistema educativo de calidad y se fomente la inserción laboral de los jóvenes en el sector formal para cerrar brechas de pobreza y generar igualdad de oportunidades.

Además, pide ampliar y mejorar la calidad de las instituciones de financiamiento de capital, con la finalidad de convertirlas en una opción económica y social para los jóvenes de mayor edad, generando incentivos que los impulse a permanecer en la educación media y superior.

También sugiere dar continuidad al cumplimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y alinear la legislación correspondiente a la edad mínima para el matrimonio en todas las entidades federativas, establecida a partir de los 18 años.

Ante este panorama, el legislador señala como fundamental garantizar a este sector sus derechos a la salud, educación, empleo, actividades recreativas como la tecnología de la información y las comunicaciones, y su efectiva participación en la adopción de decisiones.

“Los jóvenes conforman la generación más numerosa de la historia, por lo tanto, necesitan el apoyo indiscutible de esquemas de políticas públicas que se caractericen por mecanismos que no únicamente reviertan deficiencias, sino también ofrezcan oportunidades para acceder a servicios sociales suficientes y de calidad”, expresó.

Expuso que la propuesta busca preceptuar sus derechos y atención reconociendo a este grupo de la población, desde la óptica del sector público, como actores estratégicos para el desarrollo del país.

El documento establece medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para procurar su accesibilidad material, económica y geográfica, sin discriminación, con derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia.

Este ordenamiento, también tiene un apartado enfocado en los jóvenes migrantes, donde se estipulan los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención adecuada, que se respete el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de menores de edad no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas.

Epecifica que tratándose de jóvenes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio de respeto y cumplimiento a disposiciones de protección en contrario.

Enfatiza que está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a un joven cuando su vida o su seguridad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma.

Precisa que para la defensa y protección de los derechos de los jóvenes a nivel nacional, las instituciones que la Federación, la Ciudad de México y sus alcaldías, los estados y los municipios deberán contar con personal capacitado y serán instancias especializadas las que procuren el respeto de tales derechos.

Plantea que se promoverán códigos o leyes en los que se definan los procedimientos adecuados y creen instituciones y autoridades enfocadas al tratamiento de quienes han infringido las leyes penales.

Entre las medidas que se impongan a los infractores se encuentran el cuidado, orientación, supervisión, asesoramiento, libertad vigilada, colocación en hogares de guarda, programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que sean tratados de manera apropiada para su reintegración y adaptación social.

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