Altos funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), todos ellos colaboradores del ombudsman José Luis Soberanes Fernández, estuvieron bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por acallar a cinco custodios que, desde el año 2000, denunciaron la corrupción y las complicidades tejidas en el penal federal de Puente Grande, Jalisco, que facilitaron la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Según la averiguación previa 070/DAFMJ/2001, integrada al expediente relacionado por la evasión de Guzmán Loera, los visitadores Joel René García y José Mario Severiano Morales presionaron a los custodios Salvador Moreno Chávez, Claudio Julián Ríos Peralta, Felipe Leaños Rivera y Francisco Javier Vázquez Rolón con un objetivo: que se desistieran de sus quejas sobre las presiones que recibieron para incorporarse a la red de servicios de El Chapo Guzmán, Arturo Martínez Herrera, El Texas, y Héctor El Güero Palma.
Los visitadores dependían de José Luis Soberanes y, técnicamente, de José Antonio Bernal Guerrero, el tercer visitador, quien falleció en septiembre de 2005, en un accidente aéreo en el que también murió el entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta.
De acuerdo con las investigaciones, de la corrupción que minó la seguridad de Puente Grande, así como del "trabajo sucio" realizado por los visitadores, estuvieron enterados en aquel entonces Raúl Plascencia Villanueva y Mauricio Farah Gebara, dos de los más fuertes candidatos para relevar a Soberanes Fernández en la presidencia de la CNDH. El primero fungía entonces como segundo visitador, en tanto que Farah despachaba como administrador de la comisión.
Los primeros reportes sobre la forma en que Guzmán Loera corrompía a los funcionarios de esa prisión, entre ellos al director, Leonardo Beltrán Santana, se conocieron desde el mes de enero del año 2000, aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), entonces a cargo de María Guadalupe Morfín Otero, los reportó a la CNDH y a la PGR hasta el 20 de enero de 2001, un día después de la fuga del capo sinaloense.
En su denuncia de hechos, Morfín expuso que el 4 de enero de 2000 un oficial de prevención del penal de Puente Grande, al que luego se sumaron otros, presentó una queja ante la CEDHJ "por hostigamiento laboral, debido a que no cedían a peticiones institucionales para corromperse ". Por ser de competencia federal, la denuncia fue turnada a la CNDH, según explicó. Narra Guadalupe Morfín:
A lo largo del 2000, como lo compruebo con los oficios que anexo, hice varias gestiones para que la queja no se archivara como asunto meramente laboral. Mi insistencia obedeció a que consideré que el asunto debía ser calificado como un hecho presuntamente violatorio de los derechos humanos…
En sucesivas ocasiones los quejosos nos hicieron parte de su preocupación por no ser oportunamente atendidos en la CNDH y externaron desde un inicio su petición de que el asunto fuese tratado de forma confidencial para resguardar su integridad física.
Esta última petición no fue respetada por la CNDH.
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1722 de la ervista Proceso que empezó a circular el domingo 1 de noviembre
