Diputadas y representantes de esta población piden atender el retraso social y el tema de pacificación
En el Foro Nacional de Presupuesto Indígena y Afromexicano PEF 2020, diputadas y representantes de estos grupos sociales se pronunciaron a favor de conocer las necesidades de estos pueblos, a fin de lograr un presupuesto que atienda sus problemas y la pacificación.
Al iniciar el encuentro, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, señaló, en su lengua originaria, que este evento democrático y participativo ayudará a que la voz de los pueblos se escuche.
Agregó que la marginación y exclusión social que sufren, requiere abordarse como parte del esfuerzo colectivo que busca abatir la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible.
“Se requiere una transformación sustantiva de las actuales estructuras políticas, jurídicas, económicas y sociales que rigen la organización del Estado mexicano, ya que la larga etapa neoliberal ha negado sistemáticamente nuestros derechos, lo que ha llevado a nuestros pueblos a la exclusión y pobreza”, sostuvo.
Planteó que en la opinión presupuestal de la comisión, se propondrá restablecer 3 mil millones de pesos (mdp) más al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para que ascienda a 6 mil 500 mdp, por el porcentaje de inflación, basado en los 6 mil (mdp) que tiene asignado en el 2019.
Además, para el presupuesto transversal, del anexo 10, también sugiere ajustarle de manera interna y que se ejerza con la participación del organismo. Indicó que el proyecto de gasto 2020 a esta institución es de 3 mil 500 millones.
Dijo que para hacer justicia se requiere diseñar un presupuesto que respete los derechos humanos e incentive acciones tangibles hacia los pueblos indígenas y afromexicanos; por ello, sostuvo, se trabaja en la adopción de políticas públicas que conlleve el desarrollo de estos sectores.
La diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) subrayó que estos grupos poblacionales no han sido prioridad en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, ni se respetan sus derechos consagrados en la Constitución y convenios internacionales, por lo que “gracias al abandono gubernamental, nuestros pueblos y comunidades enfrentamos un rezago social muy amplio con respecto al resto de los mexicanos”.
Se requieren recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para pueblos indígenas y afromexicanos, así como profundizar en el tema de la pacificación y reconciliación, porque en la actualidad muchos de ellos están divididos por problemas agrarios, religiosos, ideología política o infiltración del crimen organizado que pretende adueñarse de tierras y territorios, enfatizó.
Rosalío Ruiz Rangel Granados, director de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, señaló que para el 2020 se propone un presupuesto de 3 mil 563 millones de pesos, con una reducción de 2 mil 438 millones de pesos, equivalente, en términos reales, a 43 por ciento para la población originaria.
Los recursos se dividen en tres: presupuesto para atender a la población indígena; hacia la institución encargada del diseño e implementación de las políticas públicas del sector y referente al anexo 10, contenidos en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
A la atención de los indígenas se destinan 3 mil 552 millones de pesos mediante tres programas: para el apoyo a la educación se designaron mil 300 millones de pesos, con 3. 4 por ciento de reducción real; la planeación y articulación de la política pública registra un incremento de 1.8 por ciento, con mil 45 millones de pesos y hacia el fortalecimiento económico se prevén 807 millones de pesos, con una disminución de 3.4 por ciento en el próximo año.
Pablo Yáñez Rizo, coordinador de Investigaciones de la Unidad de Desarrollo Social para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), advirtió que el principal desafío del presupuesto indígena es definir su cuantía, con el propósito de cerrar brechas de desigualdad, discriminación y exclusión que, en lugar de abatirse, persisten y reproducen. Consideró que el presupuesto transversal tiene un alto riesgo de diluirse y centralizarse en una sola institución.
Apuntó que las necesidades son grandes y no sólo se requiere atenderlas, sino avanzar hacia una sociedad más igualitaria. “No se trata sólo de que los pueblos autóctonos estén un poco mejor, sino que la sociedad mexicana sea igualitaria”.
“Estamos frente a un fenómeno estructural donde las relaciones de desigualdad se profundizan, manteniendo sistemáticamente la pobreza más lacerante con resistencia a cambiar”. Propuso una perspectiva diferente en el presupuesto para asignar una cantidad suficiente y tener claro en qué se utilizará.
Cuestionó los resultados de los diagnósticos de discriminación estructural de los pueblos indígenas que “no se mueven”, tendencia que debe llevar a reflexionar profundamente, ya que por décadas prevalece la pobreza más intensa y extendida, además de desventajas en el acceso a cualquier indicador social, menos en las horas de trabajo, porque es el grupo que más tiempo labora con el menor sueldo.
Destacó que el presupuesto indígena requiere construirse con base en tres elementos: reconocimiento, redistribución y representación, a fin de que esta población acceda a la igualdad y ejercicio de sus derechos plasmados en la Constitución; es necesario que tengan incidencia en los espacios de toma de decisiones públicas, consideró.
Al dar a conocer los resolutivos del foro, Pascual de Jesús González, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en la Ciudad de México y de la Red Nacional Indígena, destacó que se requiere un presupuesto de 12 mil 129 millones de pesos para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Destacó que cerrar la brecha de desigualdad, demanda superar los porcentajes ínfimos que imperan en la asignación de montos hacia los pueblos autóctonos. “Es de alta preocupación que en la propuesta del presupuesto 2020, el gasto transversal sólo represente 1.68 por ciento, y el del INPI no rebase el 0.05 por ciento, en relación al gasto global nacional”.
Norma Don Juan Pérez, representante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), manifestó su desacuerdo por el recorte presupuestal a los pueblos originarios, por considerar que es insuficiente. “No es sólo asignar recursos para atender necesidades básicas, sino garantizar el ejercicio de derechos humanos y desarrollo. Cuando demandamos más fondos equivale a ser sujetos de derecho público, no ser ignorados y discriminados como ha sucedido”.
Además, pidió respetar los derechos de esta población, los presupuestos, y ejecutar las políticas de atención y desarrollo, porque siete de cada 10 indígenas viven en pobreza; de ellos, tres, en pobreza extrema. “Todo lo que se ha asignado en estos años no ha sido suficiente ni eficiente para abatir rezagos”.
Subrayó que en el país hay 25 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, y se ha destinado solamente 1.5 del presupuesto al anexo 10 de Erogaciones para el Desarrollo Integral de las Comunidades; mientras que para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, responsable de coordinar las políticas públicas, sólo se canaliza el 0.1 por ciento del presupuesto social.
Lamentó que para el 2020 no se designen recursos para hacer consultas en las comunidades sobre los megaproyectos de infraestructura, porque sigue estando en el centro de los conflictos más sentidos la defensa de territorios ante la imposición de ese tipo de obras. “Es un foco rojo que no se puede dejar sin atención, no por voltear la vista van a desaparecer y no se puede seguir avanzando”.
Analizar y construir el presupuesto no sólo es hablar de cifras, sino fortalecer a través de la asignación de recursos, en particular porque las zonas indígenas sufren mayor rezago por razones de género dentro y fuera de las comunidades, dificultando el acceso a la salud y justicia; enfrentan violencia sexual, obstétrica y feminicidios; a las parteras se les criminaliza por ejercer su profesión.
Propuso cambiar el enfoque asistencialista por el de derechos humanos que empodere y atienda las prioridades de los pueblos originarios, para asegurar su participación directa en la elaboración y desarrollo de los programas. Hablamos de montos, pero también de mecanismos que permitan participar y reforzar el trabajo que hacen las diputadas, y no estar cada año demandando que se asignen montos suficientes.
La también coordinadora de Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, sostuvo que no hay quién defina si se es indígena o no; es la autoadscripción calificada la que determina dicha situación. Reconoció que las comunidades originarias siguen desdibujadas, por lo que es necesario modificar la forma de ejercer el poder en el país y que comunidades y pueblos construyan la política pública.
A su vez, Marcos Matías Alonso, de la Comisión Política de la Red Nacional Indígena, señaló que existen programas de desarrollo, pero preguntó con qué instrumento financiero se dará respuesta a los problemas de la población indígena y afromexicana.
Dijo que no debe seguirse la ruta de la centralización ni el de la transversalización, sino impulsar la focalización a través de programas de desarrollo integral y crear bolsas o fondos exclusivos para atender a esa población.
El exdiputado, subrayó que “la cobija no alcanza; hay que crear nuevos instrumentos financieros que den respuesta a todos”, de ahí la importancia de abordar este tema a pocos días de que inicie el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Daniela Reina Serrano Alonso, en representación del Movimiento Indígena de la Ciudad de México, pidió revisar el método para asignación de recursos por parte de los entes públicos, y en caso de que no se cuente con un indicador claro, éstos sean canalizados al INPI para la realización de los programas. Solicitó que en el próximo ejercicio fiscal se asignen 12 mil 129 millones de pesos y se integre un grupo de trabajo que vigile la canalización y uso del dinero.
Florentina Santiago Ruiz, líder zapoteca en el Parlamento Indígena, dijo que lo logrado con los cambios constitucionales en favor de los pueblos originarios y afromexicanos debe comenzar a aplicarse, a fin de que no sea letra muerta. “Necesitamos hacer un frente común para que se lleve a cabo lo acordado en foros y resolutivos”.
Boletín de prensa
