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Realizan Foro “Salud Mental y Derechos Humanos. Retos y Desafíos”

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Necesaria, legislación en materia de salud mental con enfoque de derechos humanos: diputada Tagle Martínez

Abordaron los temas de consentimiento informado, uso problemático de sustancias y servicios de apoyo, entre otros

 

La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, afirmó que es necesario propiciar el diálogo y la reflexión entre legisladores, especialistas, académicos e instituciones públicas y privadas y colectivos de organizaciones de la sociedad civil organizada, para lograr la reforma en materia de salud mental.

 

Al dar la bienvenida al foro “Salud Mental y Derechos Humanos. Retos y Desafíos”, la diputada, integrante de la Comisión de Salud, señaló que en la Cámara de Diputados inició el proceso legislativo para ese propósito y este evento permitirá obtener el mejor ordenamiento posible con enfoque de derechos humanos

 

Destacó que es necesario ver este tema no sólo como la ausencia de enfermedad, sino como todo lo que se debe hacer para garantizar la salud de las personas, pasando por la salud mental. Reconoció que la emergencia sanitaria tendrá un impacto en la salud mental de la población.

 

Al inaugurar el encuentro, el director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada Gaytán, destacó que “estamos ante una reforma en materia de salud mental y de toda la Secretaría de Salud para conformar un modelo preventivo donde es necesaria la participación de todos”.

 

“No al modelo asilar, ni en los hechos ni en el discurso”, dijo, y cuando sea necesaria esa atención se debe garantizar que sea de calidad y respeto a los derechos humanos, y proteger la vida e integridad de las personas y sus familias. Se pronunció contra el abandono y las prácticas que vulneren los derechos de quien tenga un padecimiento mental.

 

“Servicios de salud mental y consentimiento informado”

 

La secretaria de la Comisión de Salud, diputada Maiella Gómez Maldonado (MC) señaló que se requiere que la ley sirva día a día a los profesionales de la salud y ciudadanos, por lo que debe establecerse de forma clara el caso de internamientos involuntarios, no sólo para protejer al paciente, sino también a quien brinda la atención.

 

“Trabajaremos en una redacción concreta que deje en claro estos detalles para proteger al paciente y que el profesional tenga claro lo que deba hacer”.

 

Claudia Ramos, periodista y coordinadora de análisis de Animal Político, quien moderó la mesa, cuestionó sobre el papel del consentimiento informado en el derecho a la salud y si existen casos de excepción.

 

Al respecto, Tina Minkowitz, presidenta de Center for the Human Rights of Users and Survivors of Psychiatry, indicó que esto debe respetarse en todo momento, incluido en casos de emergencia; de lo contario, se estarían violando derechos básicos.

 

A su vez, Luis Jesús Sandoval Quintero, vicepresidente de la Federación Nacional de Psicólogos de México, dijo que lo importante es que esta información se dé en cada uno de los procesos.

 

Abigayl Islas López, asesora legal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México, puntualizó que cualquier inversión en salud mental será ineficaz si no se presta atención en los derechos humanos. “El tema de la información no es menor, es de vital importancia, no sólo basta tomar una decisión, se requiere de todos los datos y estar informados para conocer los pros y contras de algún tipo de tratamiento.

 

Cecilia Guillén Lugo, secretaria técnica de la RedEsfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, enfatizó que el conocimiento es central pues garantiza el ejercicio jurídico en materia de salud, en este caso de la mental.

Por su parte, Nicolás Ivan Martínez López, psiquiatra forense, dijo que en el caso de las emergencias psiquiátricas se requiere de una figura que otorgue el derecho humano de atención a la salud, ya que acotar un internamiento voluntario en la ley podría provocar casos de abuso.

 

Segunda mesa: “Estrategias para transitar hacia un modelo alternativo frente a crisis agudas de salud mental”

 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), se pronunció por regresar el dictamen a la Comisión de Salud y hacer una revisión exhaustiva para verlo de manera integral e impulsar un esquema de salud mental que incluya atención especializada con respeto a derechos humanos y una visión centrada en la persona.

 

Dijo que se requieren recursos para fortalecer la formación de personal, investigación, prevención y detección en edades tempranas e intervención oportuna. Pidió terminar con el confinamiento, la estigmatización y estereotipos contra los pacientes y crearles redes de poyo accesible y espacios seguros.

 

​Participaron en esta mesa Enric Garcia Torrrents, del Centro de Investigación Médico-Antropológica, Universidad Rovira I Virgili, Cataluña, España; Alejandro Molina, asistente de la Dirección de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud; Víctor Lizama, del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. e integrante de SinColectivo y Carlos Ríos Espinosa, de Human Rights Watch.

 

Se destacó la importancia de capacitar y sensibilizar al personal del primero y segundo nivel de atención; implementar un esquema que incluya comunicación y el respeto a la persona y sus derechos, en el que pueda elegir su tratamiento y haya un acompañamiento; se determine el tipo de intervención de acuerdo al tipo de crisis y que incluya la prevención.

 

Se llamó la atención respecto al internamiento involuntario mediante una estigmatización de las personas con crisis de salud mental. Además, se indicó que México no tiene herramientas para atender la condición de muchas personas por la situación de violencia generalizada y a partir de la contingencia sanitaria.

 

“Uso problemático de sustancias, tratamientos de base comunitaria y autonomía personal”

 

En la tercera mesa, Gady Zabicky, comisionado nacional contra las Adicciones, comentó que los psiquiatras son estigmatizados. Calificó de ridículo que se crea que se les lobotomiza y se encadena a pacientes, e indicó que un usuario patológico de sustancias sí es un paciente si él está buscando atención y ayuda.

 

Explicó que para que haya un confinamiento deben estar de acuerdo dos psiquiatras que consideren que el paciente es un riesgo, y un familiar cercano debe ser enterado y avisar al Ministerio Público la razón del por qué se hace; de no ser así, sería un secuestro.

 

La moderadora de la mesa, Mónica Garza, titular del Noticiero “Es de mañana”, ADN 40, apuntó que el consumo de sustancias y adicciones tienen un impacto importante en el estado emocional de las personas que enfrentan un impacto psicosocial.

 

Angélica Ospina, de la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex) y Programa de Política de Drogas del CIDE Región Centro, dijo que como está redactada la reforma enfatiza la abstinencia como meta única de tratamiento.

 

Marco Antonio Zárate Avendaño, Integrante de Sin Colectivo, puntualizó que se deben pensar también en las condiciones psicosociales y no regresar al argumento de peligrosidad para fundamentar internamientos involuntarios.

 

Jorge Herrera Valderrabano, del Instituto RIA A.C, dijo que no se reconoce entre el uso, uso problemático y dependencia; sólo se subraya como opción de tratamiento la abstinencia, pero hay que considerar la experiencia de personas.

 

Cuarta mesa: “Servicios de apoyo en la comunidad y desinstitucionalización de la salud mental”

 

La secretaria técnica del Consejo Nacional de la Salud Mental Lorena Rodríguez Bores, mencionó las acciones que ha impulsado el Gobierno federal para reestructurar los servicios de atención a la salud mental para que lleguen a la comunidad al nivel primario de atención. Dijo que la idea es pasar de un modelo asilar a un servicio comunitario que brinde servicios de apoyo en la comunidad.

 

Moderó esta mesa Andrea Parra, de la Coalición por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Colombia, y participaron también Amalia Gamio, experta independiente del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas; Hernán María Sampietro, coordinador general de ActivaMent, Cataluña, España; Priscila Rodríguez, directora asociada de Disability Rights International; Ilse Gutiérrez, integrante de Sin Colectivo, y Fátima Moneta, investigadora del Consejo Nacional de Salud Mental.

 

 

 

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