Inicio Análisis político Enrique Vidales Ripoll Rebeldía del judicial a la austeridad… ¿justificada?

Rebeldía del judicial a la austeridad… ¿justificada?

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Desde un principio los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había expresado el repudio a bajarse el sueldo ante la sugerencia del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El sustento del rechazo tiene un fundamento constitucional. La Carta Magna prohibe, para el caso de los ministros de la SCJN, que no puede disminuirse sus ingresos durante el ejercicio del cargo.

Ahora que se ha legislado sobre el tema, un grupo de alrededor de 600 jueces integrantes del Poder Judicial de la Federación han presentado demandas de amparo ante la reducción salarial.

Entendamos el contexto:

1. De acuerdo con la legislación laboral en materia de sueldos se establece claramente que ante una remuneración devengada al igual que las percepciones que se otorgan, ya como un derecho adquirido, no debe ser disminuida. Es un principio máximo de respeto al derecho laboral de los trabajadores.

2. Sobre el tema del Poder Judicial pesan señalamientos de grandes abusos y de conductas que se tipifican como tráfico de influencias y un gran nepotismo que corrompe la esencia y constitución de los órganos jurisdiccionales. Al respecto, Méxicos unidos contra la corrupción, han dado a conocer en meses pasados, el alto porcentaje de puestos dentro del organigrama de los tribunales federales y estatales, de personas que laboran en puestos importantes y claves vinculadas ya sea familiares o sentimentales de los jueces.

Un tráfico de influencias y nepotismo que escandaliza y nos hace dudar sobre la integridad jurídica y política de los tribunales y de la propia SCJN y sus órganos como el Consejo de la Judicatura, así como también de los órganos jurisdiccionales estatales.

De los tres poderes del Estado, por la naturaleza técnica, el tema de los puestos del Poder Judicial de la Federación está fuera del alcance de observación ciudadana. Se parte del principio de confianza en quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar la justicia en los casos que son de su conocimiento y necesarios para dar certeza y certidumbre legal en la resolución de los conflictos.

¿Cómo se puede garantizar si la esencia de la conformación del Poder Judicial está cuestionado y además calla ante las denuncias de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias?

Lamentablemente tenemos que aceptar que hemos corrido el riesgo de la falta de confianza, por lo cual es considera mejor pagarles de más a los aplicadores de la procuración e impartición de justicia con tal de que no caigan en la tentación de la “mordida” o del “moche” para resolver en determinado sentido.

¿Acaso tenemos que aceptar que tan podrida está la sociedad que no queda más que buscar mecanismos para sobreproteger, aunque se extralimiten los recursos, a los jueces? ¿Ya no existen entonces gente con buena fe, comprometida con México y consigo mismo con la congruencia y los valores éticos y morales de la buena ciudadanía?

Se entiende que se busque proteger derechos adquiridos y se defienda, lo que por derecho laboral es lo legal. Sin embargo, llama la atención que el Poder Judicial se ha encerrado a sí mismo y no escucha la demanda ciudadana de que la corrupción se hace intolerante, disminuye la confianza en las instituciones que en conjunto vulnera el Estado de Derecho y a los valores de la democracia.