En la mesa de análisis “Desafíos de la nueva política social en México y su impacto económico”, la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), señaló que uno de los principales retos del Estado es diseñar políticas públicas e implantar estrategias para reducir el número de mexicanos en pobreza extrema.
Asimismo, incrementar el bienestar en los hogares y el desarrollo social de las comunidades con una visión más productiva y menos asistencialista, sumando el derecho a la educación, a la salud y garantizando el acceso a servicios básicos para la población, que durante décadas ha sido la más afectada y la menos visible.
Este encuentro, dijo, tiene como propósito analizar el impacto económico y los desafíos de la nueva política social que se pretende en el gobierno y los programas de bienestar, así como conocer los principales retos de la agenda pública frente a la eliminación de un programa como Prospera en la estructura programática 2020, como se anunció el pasado mes de junio.
La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública expresó que durante años se ha sido testigo de los programas de combate a la pobreza e inclusión que han implantado los gobiernos en turno y cómo tras cada cambio de administración algunos han evolucionado y otros simplemente son cancelados.
Precisó que la política social en México es resultado de la suma de estrategias y áreas de oportunidad de manera transversal en el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley General de Desarrollo Social.
Alimentación, educación, medio ambiente sano, salud, trabajo, seguridad social y vivienda, son los ejes de los programas de inclusión, y si bien han logrado mejoras en la atención a la población y en la solución de sus problemas, algunos han sido objeto de señalamientos por parte de la Auditoría Superior y otros criticados, como, por ejemplo, el del empadronamiento electoral para el partido que se encuentra en el gobierno.
Giovanni Jiménez Bustos, investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, señaló que para el año 2022 el gobierno federal tendrá que empezar a pagar a los primeros jubilados con el beneficio de la pensión mínima garantizada, esto nos habla de más de cinco billones de pesos que destinarán de 2022 hasta el 2060. Esta cantidad equivale a todo el gasto público presupuestado en 2019.
Resaltó que el desafío de las políticas públicas está en la sostenibilidad ante el reto de garantizar el derecho a la seguridad social por parte del gobierno federal. Los recursos fiscales que se requieren son cuantiosos; sin embargo, la mayoría de estos dependen del ciclo económico.
Se requiere una reforma fiscal centrada en el consumo, “no puede seguir estando basada en el Impuesto Sobre la Renta, porque los trabajadores formales son los que pagan dicho gravamen, pero también son los que se jubilarán con pensiones bajas y solventan la gran mayoría del gasto público”.
Pugnó por acciones a favor del cuidado de la salud, la reactivación económica, porque de no hacerlo se tendrán no sólo problemas para el pago de la pensión mínima garantizada sino asumir que los ingresos del gobierno provengan del endeudamiento. “La deuda no genera votos, pero sí acarrea problemas como devaluación, aumento en la inflación y empobrecimiento de la población”.
Berenice P. Ramírez López, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que el problema es que cada gobierno entiende a su manera lo que significa política social; el reto que tiene el país es construir una política que impulse la distribución de la riqueza.
Mencionó que México destina menos del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para gasto social y la media que aportan los países del mundo es del 20 por ciento; esta inversión decayó a finales de los años ochenta y se recuperó un poco a principios de los noventa; las caídas más importantes en los últimos años se han dado en 2016 y 2017.
Esto está vinculado al asistencialismo y a la focalización; el gasto aumenta, pero no hay resultados. A lo largo de los años vamos a tener un ascenso de pobreza en la vejez, apuntó.
Rubén Zarco Novelo, director general de la Organización Civil Piensa AC, refirió que la política social se ha usado como un mecanismo electoral; como un medio para alcanzar votos. Además, sugirió emprender un mecanismo de la política social en donde haya honestidad para obtener resultados positivos y que sean evaluados. “Tenemos que tener servidores públicos a la altura de las necesidades”.
Indicó que el grave error en esta problemática con la que se enfrenta la política pública es el asistencialismo y la improvisación, “en la vida política no se puede improvisar porque se trata de la vida de la gente; la gran mayoría de programas sociales tienden a un bucle asistencialista”.
La directora de Desarrollo Sostenible e Innovación de ETHOS Laboratorio, Laura Delalande, expresó que moches, padrinazgo y desvió de recursos vía la proveeduría, son de los principales actos de corrupción que se detectan en los programas de subsidio. “Significa mala política y malos resultados; genera un caos generalizado que no ayuda a saber cuáles programas son buenos y cuáles no”.
Subrayó que en primera instancia hay que mejorar los resultados de los programas de subsidio, el problema de corrupción y captura de renta. Además, articular y dar coherencia a la información incompleta, contradictoria y a veces tangencial, que ha sido uno de los retos. En el contexto actual, la postura del gobierno es denunciar el intermediarismo como principal causa de corruptelas del sector agropecuario.
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