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Rotura de madre de los “gobernadores rata” a la institucionalidad

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Para el año 2012 se pintaba de por sí un México difícil. Representaba una nueva oportunidad para los priistas encabezar un nuevo periodo presidencial. Sin embargo, ya se escuchaban voces críticas contra el sistema político y los partidos políticos.

Al principio todo marchaba bien. Los dos primeros años después de exitosas negociaciones se lograron modificar diferentes estructuras jurídicas necesarias para el desarrollo del país. Esto con la mano de las diferentes fuerzas políticas que conformaban el poder legislativo. Parecía que se rompía la inacción legislativa y se daba prioridad a los consensos en temas centrales.

Sin embargo, se cruzaron diversos temas que rompieron la armonía. Por un lado, el escándalo de la Casa Blanca, pero, sobre todo la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero también hay que decir que la promesa de los grandes beneficios que se tendrían con las reformas no se palpa en la economía del país y menos en el bolsillo de los ciudadanos.

El inicio de 2017 fue caótico con la inestabilidad social por el gasolinazo. Lo que sigue impactando en los indicadores de la microeconomía, es decir, en lo que tienen y gastan los mexicanos. Cada día vemos que el dinero no alcanza, ni la desvinculación del salario mínimo de la base administrativa ha permitido que recupere su poder adquisitivo.

Y cuando creíamos que ya habíamos visto todo y no se podía o debía tocar más fondo, estamos inmersos en la situación política y jurídica de los “gobernadores rata”. De aquellos jóvenes políticos, una nueva camada que se presumía sería un gran cambio en la forma de hacer política y de gobernar.

Entonces ¿qué es lo que sigue?

El caso de los “gobernadores rata” nos ha venido abrir los ojos sobre la influencia real de la corrupción en nuestro país. Un problema que es estructural ya que no solo depende de quien lo permite, sino que también, es responsable quien lo solicita.

Pero también es necesario darnos cuenta de que por el interés de los procesos legales de estos singulares personajes han abierto el debate la funcionalidad del nuevo sistema jurídico oral. Lo que marca una escalada creciente en la desconfianza institucional que alimenta el hartazgo social contra el sistema político.

Hay quienes no logran entender eso de la prisión oficiosa, que los individuos que robaron el dinero del pueblo tengan la oportunidad de llevar sus procesos en libertad. Lo peor, es que puedan quedar libres e impunes del delito, sin que realmente se logre recuperar lo saqueado. Esto eriza la conciencia de los ciudadanos.

Entonces ¿qué nos queda?

Es una realidad, los “gobernadores rata” no solo atentaron con el dinero público y derrumban la credibilidad en los partidos políticos. También abonan a acrecentar la desconfianza institucional.

El despojo entonces es mucho mayor, algo que no es cuantificable en su totalidad.

Rumbo al 2018 mucho tenemos que reflexionar los ciudadanos, pero más los partidos políticos. Al final todos somos responsables de la construcción de este país.

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