Después de haber sido descalificado por la falta de presentación de la garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos, requisito legal indispensable establecido en la Ley y en las bases del concurso de la Red Compartida, Rivada Networks y su Director Ejecutivo han realizado diversas manifestaciones que sin sustento alguno pretenden desprestigiar a México, a sus instituciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso, no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país. Por lo anterior, la SCT ha decidido contratar a la prestigiada firma de abogados Jones Day e iniciar acciones contra el consorcio Rivada y Declan Ganley en los Estados Unidos de América en razón del domicilio de esta empresa, para reclamar los daños ocasionados por sus señalamientos. Jones Day es uno de los despachos de abogados más reconocidos y respetados en aquel país.
La SCT reitera que el proceso se apegó a las disposiciones legales de nuestro país, siguiendo los estándares más altos de transparencia. La Secretaría fue escrupulosa en el diseño e implementación del Concurso de la Red Compartida, que inició el 29 de enero de 2016 con la publicación de las bases de licitación y cuyo fallo se dio el pasado 17 de noviembre. En todo momento se fomentó la máxima concurrencia de participantes y la transparencia.
El objetivo de máxima transparencia se logró, pues toda la información relativa al concurso se encuentra en el portal de transparencia de la SCT. Esto ha sido reconocido públicamente por Transparencia Mexicana, testigo social del concurso y por los propios participantes, incluido el Director Ejecutivo de Rivada Networks, antes de que dicho consorcio fuera descalificado por su incumplimiento. Además, este concurso es primera asociación público privada en el mundo en adoptar el Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas del Banco Mundial.
Las acciones legales que la SCT ha decidido emprender contra Rivada Networks y su Director Ejecutivo buscan defender el honor y la reputación de las instituciones de México, así como reparar los daños ocasionados por los señalamientos de la empresa.
