La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), aseguró que la reforma en materia de personas trabajadoras domésticas beneficiará a 2.4 millones, en su mayoría mujeres, porque “se da un gran paso en el reconocimiento de sus derechos”.
Durante la aprobación de la opinión de la Comisión sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar, la legisladora consideró que “sería una gran señal votarla en el Pleno antes de que concluya este periodo ordinario”.
“Lo que esta opinión pretende es robustecer el dictamen, pues aunque también hay varones, la mayoría son mujeres; debemos avanzar y darles las garantías, derechos y el reconocimiento que les toca”, puntualizó.
Subrayó que 97 por ciento de este grupo laboral está prácticamente en la informalidad, mientras que sólo 2.4 por ciento ha tenido acceso a servicio médico como prestación laboral; además, el 75 por ciento gana menos de dos salarios mínimos.
La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) pidió como parte de la opinión se anexe que se están cumpliendo con los tratados internacionales, especialmente los relacionados a la materia.
La diputada Maribel Martínez Ruiz, del PT, comentó que los artículos 331 y 331 Ter quedan ambiguos porque no se precisa quién deberá contratar el seguro ni cuáles serán las condiciones, en caso de las o los trabajadores domésticos que laboren en distintos lugares o casas.
De MC, la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández señaló que este cambio coadyuva a una agenda de justicia social y a la construcción de la paz.
La diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) dijo que las personas contratadas también deben cumplir con obligaciones, como presentar carta de antecedentes no penales, dos cartas de recomendación y sujetarse a pruebas supervisadas, especialmente ante el nivel de inseguridad que hay en algunas partes del país.
La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN) aseguró que esta reforma es un acto de justicia que debió darse hace muchos años. Agregó que para que este modelo laboral fluya es necesario intercambiar datos entre el empleador y el empleado.
La opinión aprobada en la comisión señala que históricamente el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados de personas se mantuvieron rezagados y con una serie de violaciones a derechos humanos, como el trabajo digno, la salud y la autonomía económica; no obstante, el pasado 23 de abril de 2019 el Senado de la República logró trascender en ello y reconocer a las y los trabajadores de este ámbito.
Precisa que ocho de cada 10 no están afiliadas al seguro social, ocho de cada 10 no tienen pensión de retiro, siete de cada 10 son de ascendencia indígena, además que siete de cada 10 no tienen ninguna prestación formal, y nueve de cada 10 carecen de contrato por escrito.
En México la tasa de informalidad laboral es de 57.2 por ciento, mientras que, en el caso de las personas trabajadoras del hogar, el porcentaje se incrementa a 97 por ciento. De acuerdo con cifras del Inegi, aproximadamente nueve millones 400 mil personas se benefician directamente de sus ingresos.
Explica que una de las piezas angulares de la reforma es reconocer y garantizar todos los derechos laborales: contrato por escrito, horarios de trabajo decentes, días de descanso pagados, vacaciones pagadas, prima vacacional y aguinaldo.
También genera certezas al fijar un pago base que no podrá ser inferior a dos salarios mínimos vigentes, e incorporar la obligación de la persona empleadora de otorgar habitación en condiciones dignas a quienes vivan en el domicilio donde laboran.
Establece el derecho de recibir seguridad social, afiliación al IMSS, contando con todos los derechos y prestaciones que dicho instituto otorga, como servicio de salud, incapacidades, pensiones, guarderías y demás servicios de los que gozan sus afiliados y beneficiarios.
Fija jornadas máximas de ocho horas diarias para las trabajadoras del hogar que vivan en la casa donde trabajen, por lo que, cuando se excedan, serán consideradas como horas extra y se pagarán en los porcentajes mayores que prevé la propia ley.
Priorizando el interés superior de la niñez, se prohíbe la contratación de personas menores de 15 años y para los adolescentes mayores de esa edad se establecen jornadas que no deberán exceder las seis horas diarias y 36 a la semana, prohibiendo además la contratación de adolescentes que no hayan concluido, cuando menos, la educación secundaria.
Condenan asesinato de alcaldesa de Mixtla de Altamirano
Por último, la comisión condenó el asesinato de Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, así como de su esposo y el escolta que los acompañaba.
La diputada Briceño Zuloaga dijo que “estamos en el compromiso de avanzar lo más rápido posible para fortalecer las garantías en el ejercicio legítimo de nuestros derechos, ni una mujer política menos ni una mujer asesinada más”.
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