Con el objeto de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios que brinda la Administración Pública, el Senado de la República aprobó, con 109 votos, reformas a la Ley General de Mejora Regulatoria.
El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, indicó que el proyecto pretende incorporar diversas conductas obligatorias para los servidores públicos que atienden a la población, con la finalidad de fortalecer la calidad de los servicios que brinda la Administración Pública Federal.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72 constitucional. Reconoce la importancia de fomentar una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental y que facilite el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
La actualización de la dinámica del ecosistema empresarial demanda una Administración Pública cercana y eficiente, que atienda puntualmente las necesidades de los ciudadanos a través de los trámites que realizan, asentaron senadoras y senadores en el documento aprobado.
En este contexto, se establece un capítulo sobre las Obligaciones de los Servidores Públicos en la Atención al Público, a fin de coadyuvar al mejor funcionamiento del Sistema de Mejora Regulatoria Nacional, que requiere de una participación integral de todas las instituciones en los tres ámbitos de gobierno.
Además, se prevé que ciudadanos y autoridades se encontrarán en la posibilidad de fortalecer una relación sustentada en una cultura sólida de atención al público, en beneficio de la economía local y nacional.
Se establece también que los servidores públicos tienen la obligación de brindar un trato respetuoso y diligente a todas las personas, sin distinción alguna; garantizar la atención personal, con un tiempo y horario de atención que satisfagan las necesidades del servicio.
Este capítulo también detalla que se deberá atender a todas las personas que hayan ingresado a las oficinas dentro del horario de atención, así como brindar orientación al público en materia de quejas y reclamos.
A petición de las comisiones dictaminadoras, de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, se avalaron dos cambios al dictamen: para señalar que se promoverá la utilización de un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias y reclamos.
Asimismo, para que se privilegie el uso de medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y se permita el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de ellos.
La Asamblea aprobó una reserva del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, a efecto de precisar en la fracción VII del artículo 92, la obligación de los servidores públicos de habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes, así como de brindar atención cómoda y ordenada al público.
Previamente, las juntas directivas de las comisiones dictaminadoras, de Economía y de Estudios Legislativos, Primera, plantearon una propuesta de modificación para precisar que el artículo referido como 91 bis es el artículo 92.
Al presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Economía, la senadora Minerva Hernández Ramos, señaló que con este proyecto se cierra un espacio a la corrupción, a mordidas y transas, porque limita la discrecionalidad al actuar de funcionarios públicos y se establece un estándar de atención que impedirá que se conduzcan con prepotencia o indiferencia ante las necesidades de la población.
Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, dijo que con este dictamen se impulsa una nueva relación entre ciudadanos y autoridades, respaldada por una nueva cultura de atención al público en beneficio de la economía y de los mexicanos.
El senador Gustavo Madero Muñoz, del PAN, respaldó la propuesta ya que fortalecerá los servicios de la Administración Pública Federal y permitirá la creación de trámites simplificados, así como la utilización de herramientas tecnológicas para facilitar la atención al público, que es una de las principales demandas de la ciudadanía.
En tanto, Eruviel Ávila Villegas, del PRI, apuntó que es necesario darle certidumbre a la iniciativa privada para que pueda invertir en México, así como dotarlos de las facilidades para realizar trámites con transparencia y de forma ágil.
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