Inicio Análisis político Enrique Vidales Ripoll Sin razón jurídica ni educativa en la derogación de la Reforma Educativa

Sin razón jurídica ni educativa en la derogación de la Reforma Educativa

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protestas maestrosEl tema de los maestros ha escalado más allá de la petición de la abrogación del Reforma Educativa. Es un hecho de que ésta ha causado ciertos temores por los cambios que se han implementado. Sin embargo, han pasado ya dos ciclos escolares sin que en realidad y en práctica se privatice la educación ni tampoco se despida de manera masiva a maestros que reprobaron en la primera evaluación del desempeño del servicio profesional docente.

La Reforma Educativa no vino a privatizar la educación. Lo que si establece es importancia y viabilidad a la GESTIÓN EDUCATIVA. Lo que no significa privatización, sino un instrumento legal y organizacional que permite evaluar las necesidades de una escuela y establecer rutas de mejoramiento. La participación de maestros, junto con los padres de familia, se vuelven “gestores” de sus necesidades de infraestructura educativa. Con ello el diagnóstico de necesidades y su satisfacción es tarea compartida de todos. En ningún momento se establece de que los padres terminen sufragando esos gastos.

El texto constitucional es muy claro: la educación oficial continúa siendo gratuita.

Por otro lado, con la implementación del SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE se pretende profesionalizar la labor del maestro. Una labor que debe ser evaluada en el desempeño que demuestra en la práctica docente. En ello se basó la evaluación del desempeño docente. Para los maestros activos al momento de la Reforma Educativa están protegidos en sus derechos adquiridos con tres oportunidades para hacer valer un buen desempeño académico. Entre estas, hay capacitación y tutoría para la mejora de las deficiencias. Importante decir que en ningún momento será despedidos, solo removidos en caso de no pasar ni a la tercera de la práctica docente. En ningún otro trabajo se da tanto privilegio.

La única razón de despido sería en primera instancia no presentar la evaluación al desempeño docente ya que es obligatoria. En segundo lugar, quedaría no alcanzar un nivel de idoneidad para el ejercicio docente en el caso de los nuevos maestros. Se ha respetado en su integridad el principio de no retroactividad de la ley. La calidad es una característica constitucional del proceso educativo. Lo que requiere el sistema educativo es de maestros bien preparados y comprometidos con su labor docente. Como en cualquier trabajo, el que no rinde, es separado. No es una cuestión de privatización de la educación: es simplemente garantizar que los maestros estén bien preparados, que sean profesionales en su labor educativa.

Estamos a tiempo ya de evaluar lo anterior. Sin embargo, estamos padeciendo de una desinformación a conveniencia de los grupos disidentes. En cierto sentido han sido efectivos al sembrar la duda en un sector de la población que los apoya. Se aprovechan del sentimiento y emoción anti sistema y antipríista para tirar en contra de la presidencia y del mismo sistema político. Pero seamos más claros:

  1. La educación no se ha privatizado
  2. El aspecto laboral que alegan en la Reforma Educativa se relaciona con la definición y la evaluación del Servicio Profesional Docente. Los derechos laborales de los maestros están intactos, inclusive ahora con una protección constitucional en el caso de un abuso de la autoridad en el momento de aplicar las reglas del Servicio Profesional Docente.
  3. Se ha fortalecido la gestión educativa, dotando de más recursos económicos para atender las necesidades de infraestructura escolar.

Si algo deberíamos aspirar a los mexicanos son los resultados, los que nos garanticen procesos de calidad en todos los ámbitos sociales, especialmente en la educación. El interés de la educación es pública. Queremos mejores maestros preparados y mejor capacitados.

Es cierto que durante años se tuvo en el magisterio diversos privilegios en cuanto a la estabilidad de la plaza sin importar los resultados. Eso es algo que debe cambiar. Es necesario fortalecer la institucionalidad de los procesos de evaluación que nos permiten tomar mejores decisiones para superar los rezagos y deficiencias.

Pero es claro que muchos se aprovechan esta coyuntura política para denostar contra el sistema y el orden establecido, pero que no tienen idea ni pueden argumentar en qué puntos están en desacuerdo. El objetivo no es cambiar o derogar la reforma educativa. La meta política es muy amplia, va directo a arrastrar hasta nuestros y lo que alcance el proceso electoral 2018.

Definitivamente hay una mano que está meciendo la cuna… pero falta mucho para el 2018: difícil poder aguantar este conflicto por un año más.