Buscan desgravar los impuestos del pago del tiempo extra y prestaciones contenidas en los contratos colectivos y revisiones
Palacio Legislativo, 07-02-2020 (Notilegis).- Organizaciones sindicales informaron que presentarán una iniciativa en la Cámara de Diputados para establecer una pensión definida y generalizada, cuando menos de 25 salarios mínimos para los trabajadores.
Asimismo, buscan desgravar los impuestos el pago del tiempo extra y prestaciones contenidas en los contratos colectivos y revisiones, ya que “de cada 100 pesos que perciben, se pagan aproximadamente 35 pesos de impuestos. La desgravación demandada garantizaría el avance en el poder adquisitivo del salario”.
En conferencia de prensa, Francisco Hernández Juárez e Isaías González Cuevas, dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, respectivamente, indicaron que están trabajando en la propuesta para presentarla en septiembre.
Lo anterior luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció como tope 10 salarios mínimos para las pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Explicaron que la propuesta tiene como objetivo fijar ese parámetro para las pensiones, a fin de que no quede a discreción del IMSS.
“El IMSS a través de su consejo técnico ha determinado que va a mantener el criterio de los 25 salarios mínimos, pero de todas maneras eso indica que queda a criterio de la institución y en una época futura por un cambio de director o régimen decidiera ajustarse a los 10 salarios mínimos no habría ninguna posibilidad legal de cambiar esa decisión”, comentó Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas.
Aseguró que el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Cánada (T-MEC), ha dado certidumbre a la relación comercial entre los países, por ello “manifestamos nuestro respaldo, reconociendo ampliamente la labor del gobierno federal en esa negociación”.
“Pensamos que las acciones de observación laboral que se proponen para el puntual cumplimiento del Tratado, se apliquen también a los países del norte, por las quejas de los trabajadores del campo, servicios de la industria y plataformas digitales, que frecuentemente recibimos en México”, añadió.
También pretenden que el “outsourcing” sea abordado para evitar la afectación de los derechos de los trabajadores. “Desde su nombre, proponemos que simplemente se denomine subcontratación, que es el que adecuadamente define esta relación laboral”.
“Proponemos que la empresa tenga bajo su responsabilidad la contratación de los trabajadores que realizan las actividades inherentes al negocio sustantivo de la empresa, para que estos no puedan ser derivados a subcontratistas. Solo se podrán subcontratar servicios, trabajos temporales, de alta especialización o excepcionales. De ninguna manera deberán subcontratarse aquellos similares a los que se desarrollen en la fuente original del trabajo”, apuntaron.
Por su parte, el diputado Isaías González Cuevas (PRI), dirigente nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), aseveró que buscarán que las pensiones sean definidas, pues “hay una preocupación en la clase trabajadora de que puedan verse seriamente afectados”.
“Lo mejor para resolver este tema es que sean pensiones definidas como estaban en la ley anterior, eso es lo mejor y eso es lo que vamos a discutir aquí en la Cámara de Diputados, y seguramente que se va a llevar a cabo en el segundo periodo de sesiones”, insistió.
Juan Sáenz Ortiz, líder de la CROC, dijo que el tema de las pensiones es una preocupación común y generalizada, así como lo de las Afores, cuyo sistema demanda una redefinición integral, ya que solo se ha beneficiado con cantidades millonarias a las administradoras del fondo para el retiro.
Al ser cuestionado sobre la falta de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Luis Carazo Preciado, secretario de trabajo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y miembro del consejo técnico del IMSS, dijo que no han tenido realmente un desabasto que en este momento genere preocupación.
“Lo que sí ha habido es una fijación de quienes seguirán siendo proveedores del Seguro Social y esto como consecuencia de los gastos que se tienen dentro del instituto. La última compra consolidada que fue en 2018 ascendido a 53 mil millones de pesos, ante la renovación se está buscando no perder la posibilidad de seguir surtiendo el medicamento”, añadió.
A la conferencia asistieron dirigentes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Congreso del Trabajo (CT), Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Confederación General de Trabajadores (CTG), Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), Nueva Central y entre otras.
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