Inicio Análisis político Enrique Vidales Ripoll Título y cédula profesional a representantes populares: pasamos de democracia a aristocracia

Título y cédula profesional a representantes populares: pasamos de democracia a aristocracia

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En algunos sectores de la sociedad, motivados por el hartazgo social contra la clase política, han externado la preocupación de contar con autoridades y representantes populares que no cuentan con estudios universitarios. Exigen, por lo tanto, que este sea un requisito para aspirar un puesto de elección popular.

De manera concreta, la senadora Sonia Rocha ha propuesto que para el caso de los legisladores se exija estuditos universitarios avalados por el título y la cédula profesional.

La idea resulta atractiva. Es claro que se requiere de mayor preparación para afrontar los retos de las decisiones legislativas que ayuden a resolver las deficiencias legales. Sin embargo, la propia iniciativa contrae incidencias que deben ser analizadas.

Nuestro sistema político se sustenta en los principios de la democracia. En el texto del artículo Tercero Constitucional se define la democracia “…no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”

De una interpretación en sentido amplio se puede afirmar que un costo de la democracia es el otorgamiento de la misma oportunidad para todos para crecer y mejorar. Lo que aplica en cuestión de los puestos de elección popular.

Se entiende que para ciertas áreas de la administración pública se requiera de la profesionalización de quienes ostentan un cargo. Tal es el caso de las procuradurías de justicia, las especializadas en auditoría, planeación y evaluación de las tareas de gobierno.

Es hasta cierto punto la razón por la cual la carrera judicial y elección de jueces, magistrado y ministros del Poder Judicial no están sometidos al voto popular. Más que claro se requiere de contar con conocimiento acreditable y experiencia de trabajo evidenciable para aspirar a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura de la Federación.

Pero en el caso de un representante popular es necesario no contar con candados que pueden impedir que sectores vulnerables como indígenas, campesinos, mujeres o personas con discapacidad puedan aspirar y llegar a ser representantes populares.

De concretar estos cambios estaríamos entonces cambiando de una democracia a una aristocracia. En este caso, una aristocracia intelectual. En verdad no suficiente para resolver el problema, ya que no se tendrías las voces de los sectores que estarían impedidos legalmente a ser representantes populares.

La evaluación de la actuación de legisladores debe contar con otros instrumentos de carácter social y de presión política que nos permita contar con elementos de análisis para elegir a nuestros representantes populares.