Termina la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán. Una legislatura caracterizada por el gran número de leyes aprobadas (más de 35) y otro número más fue reformada. Ordenamientos de importante magnitud y que sin temor a equivocarme son en beneficio de los yucatecos.
Nombrar cada una de las leyes sería una cuestión interminable, pero es preciso subrayar la importancia de las principales.
En esta legislatura que culmina, el mayor logro de la misma fue la adecuación de los ordenamientos penales en el ámbito estatal, armonizando los mismos a las reformas constitucionales en la materia del año 2008, las cuales marcarán el inicio de una nueva era en el sistema procesal penal mexicano, y desde luego el yucateco, en donde pasaremos paulatinamente del sistema procesal mixto al sistema procesal acusatorio. Esto llevará a que tanto servidores públicos de procuración y aplicación del derecho, como profesionales del derecho en el libre ejercicio de su profesión, se mantengan en constante capacitación para estar siempre a la vanguardia en cuanto a las estrategias, principios, destrezas y valores que rodean el nuevo sistema procesal acusatorio. Es necesario señalar los principales aspectos de esta reforma: el establecimiento del proceso acusatorio, los principios procesales, los derechos del imputado, del ofendido y de la víctima, la orden de aprehensión y auto de vinculación a proceso, modificaciones al Ministerio Público, y los mecanismos alternos de solución de controversias. Por lo cual el sistema de procuración e impartición de justicia, tendrán cambios sustanciales en el Estado y ya en el año 2015 deberán estar funcionando en los tres departamentos judiciales de nuestra entidad.
De la mano de la reforma anteriormente planteada, se aprobó la Ley de Justicia para adolescentes teniendo como fin adecuar los estatutos jurídicos, la institucionalidad y las políticas públicas del estado a los derechos, principios y líneas de acción emanados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, eliminando el concepto penal en este nuevo sistema, porque resulta necesario establecer todo un esquema de diferenciación especializado en los procedimientos de los menores respecto de los adultos.
Asimismo la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de personas, la cual castiga severamente a quien cometa esta conducta ilícita, la cual es considerado como la esclavitud del siglo XXI. Es un delito silencioso que se mantiene en el anonimato pero lacera con severidad los derechos humanos de las personas que lo sufren, lamentablemente la mayoría son menores.
La ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad es el logro legislativo que abarca uno de los temas más sensibles. Este ordenamiento obliga al Estado a establecer políticas públicas para que las personas con algún tipo de discapacidad salgan adelante en la vida, llámese trabajo, educación, deporte o vivienda.
Podemos mencionar la Ley del Medio Ambiente, la Ley de Protección a testigos y a terceros involucrados en el proceso penal, la Ley de atención a las víctimas del delito, la ley para el combate a la obesidad para el fomento de la salud y muchas otras más.
Fiscalizar, es otra de las funciones de los diputados, y creo que ahí dejaron a deber. Muchos municipios cuyas cuentas públicas fueron rechazadas por anomalías en las mismas, los culpables de tales ilícitos no han sido sancionados como marca la ley, una factura pendiente que esperemos que esta legislatura entrante lleve a buen puerto.
La LX Legislatura que en días pasados rindió protesta constitucional sin lugar a dudas tiene un reto difícil de superar por lo antes relatado. Sin embargo, la sociedad necesita conocer estos adelantos legislativos, pero más aún, les urge se pongan en práctica, que no queden como letras en el limbo y el estado de derecho prevalezca como un símbolo más de nuestro Yucatán.
Lic. Rafael Rodríguez Méndez
Candidato a Maestro en Derecho Constitucional
Y Docente
