En rueda de prensa en palacio de gobierno, la Secretaria General de Gobierno, María Fritz y el Consejero Jurídico Mauricio Tappan Silveira dieron a conocer la decisión del Gobernador Mauricio Vila de suspender a dos Notarios Públicos y 19 escribanos del estado de Yucatán por 180 días. Estuvieron acompañados del Presidente del Consejo de Notarios de Yucatán, Gonzalo Irabien Arcovedo.
Tappan Silveira dijo que por primera vez desde que se promulgó la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, vigente desde 2011, se hicieron valer los artículos 126 y 148 fracción III inciso h), que detallan las causas y motivos para suspender de manera temporal a notarios y remover de manera permanente a escribanos, entre ellos cuando algún fedatario incurriere en algún delito, ejerza sus funciones indebidamente o no desempeñe personalmente sus funciones.
Los Notarios suspendidos son Tomás Goff Rodríguez de la Notaría Pública número 97 y Mario Montejo Pérez, de la Notaría Pública número 74. El Notario Goff Rodríguez fue el encargado de escriturar el terreno donde se construyó el Centro Internacional de Congresos, una de las obras maestras de Rolando Zapata Bello ex Gobernador de Yucatán, quien está en el ojo del huracán luego de las denuncias que presentó el actual gobierno contra su administración por diversos faltantes que presuntamente le causan un daño patrimonial al estado.
Esta decisión de suspender a los fedatarios, se dijo, es para garantizar el Estado de Derecho en la entidad, que es una prioridad del nuevo gobierno del estado.
Mauricio Tappan señaló a los escribanos suspendidos: José Rafael Hoil Martín, Israel Puc Quintal, Wilberth Candelario Hau Chan, Erlyn Didier Quezada Cutz, Julio César Rodriguez Santamaría, Andrés Ismael Santana Fraga, José Ismael Dzul Collí, Carlos Chulim Interián, Shanue Alejandro Patrón Correa, Guillermo Raúl Tamayo Ramírez y Carlos Alejandro Jiménez Amaro. La mayoría son del interior del estado.
También avisó que los ciudadanos que tengan trámites pendientes podrán acudir al Archivo Notarial del Estado a continuar sin problemas con los procedimientos.
Se abre con esto el proceso para aplicar la Ley y castigar las acciones fraudulentas e ilícitas conocidas como la “Mafia Inmobiliaria”, que afectó a familias que radican en la entidad.
