La Asamblea General de la ONU reanudó el debate sobre el embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde 1960. La votación de una nueva resolución está prevista para el 28 de octubre, después de que el organismo rechazara la medida en 33 ocasiones anteriores, en un contexto marcado por el agravamiento de la crisis energética y las tensiones diplomáticas entre ambos países.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a colocar el embargo estadounidense contra Cuba en el centro de su agenda internacional. El debate comenzó el martes 27 de octubre y concluirá con una votación prevista para el miércoles 28, en la que los 193 Estados miembros de la Asamblea General podrán expresar su posición sobre la necesidad de poner fin a las restricciones.
La resolución, presentada tradicionalmente por Cuba, ha recibido el respaldo mayoritario de la comunidad internacional durante más de tres décadas. Desde la primera votación, celebrada en 1992, las posiciones de los países han registrado variaciones, aunque la oposición al embargo ha predominado en las consultas anuales.
En 1992, la propuesta obtuvo 59 votos a favor, tres en contra, 71 abstenciones y 46 ausencias. En 2015, 2016 y 2017, durante el acercamiento diplomático entre Washington y La Habana impulsado por el entonces presidente estadounidense Barack Obama, alcanzó 191 votos favorables y dos en contra.
Canadá, China y Rusia figuran entre los países que habitualmente han respaldado el fin de las sanciones, mientras que Estados Unidos e Israel han mantenido posiciones contrarias a la resolución.
La crisis energética agrava la situación humanitaria
El debate de 2026 se desarrolla en medio de un endurecimiento de las medidas estadounidenses contra la isla durante la administración de Donald Trump. Según el representante de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, las restricciones han contribuido a profundizar las dificultades energéticas y elevan el riesgo de una crisis humanitaria.
La Organización Mundial de la Salud también ha advertido sobre las consecuencias de la escasez de energía para el sistema sanitario cubano. Las autoridades de la isla han informado que, hasta mayo de este año, más de 100 mil intervenciones quirúrgicas habían sido aplazadas, además de registrarse demoras en programas de vacunación y dificultades para garantizar el suministro de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas.
Las restricciones económicas y financieras estadounidenses han sido cuestionadas por representantes de derechos humanos de Naciones Unidas y expertos independientes, quienes han advertido sobre sus posibles repercusiones en el acceso a la salud, la alimentación y otros derechos fundamentales de la población cubana.
La tensión también aumentó después de declaraciones del presidente estadounidense sobre una posible intervención militar en Cuba, un escenario que añade incertidumbre a las relaciones entre ambos países.
Enfrentamiento verbal durante el debate
La sesión de la Asamblea General estuvo marcada por un intercambio entre el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y el representante estadounidense Mike Waltz. Una interrupción por motivos de procedimiento derivó en una confrontación verbal que llevó al presidente de la Asamblea a suspender brevemente la sesión.
Durante su intervención, Waltz rechazó que el embargo sea la causa principal de la crisis económica cubana y responsabilizó al Gobierno de la isla por sus dificultades internas. El diplomático sostuvo que las exportaciones estadounidenses hacia Cuba y el comercio con otros países demuestran que no existe un aislamiento comercial absoluto.
Waltz cifró en más de 876 millones de dólares las exportaciones estadounidenses a Cuba durante los primeros ocho meses de 2026. También mencionó los intercambios comerciales de la isla con países como Canadá, España, México, China y Rusia, además de la Unión Europea y organismos de Naciones Unidas.
El representante estadounidense argumentó que los problemas económicos de Cuba están relacionados con la administración de sus recursos y acusó a las élites gobernantes de concentrar la riqueza del país. Por su parte, Rodríguez Parrilla tiene prevista su intervención para el miércoles, antes de la votación.
La resolución cuestiona los efectos extraterritoriales de las sanciones
La propuesta impulsada por Cuba reafirma principios del derecho internacional, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación.
El texto también expresa preocupación por los efectos de la Ley Helms-Burton, promulgada por Estados Unidos el 12 de marzo de 1996. La legislación incluye disposiciones que, según la resolución, pueden afectar los intereses de empresas y personas de terceros países y limitar su libertad para realizar operaciones comerciales con Cuba.
Por ello, la iniciativa exhorta a los Estados a abstenerse de adoptar o aplicar medidas contrarias a los principios recogidos en la resolución y pide poner fin a las disposiciones que mantengan ese tipo de restricciones.
La votación del 28 de octubre permitirá conocer el respaldo internacional más reciente a la iniciativa cubana, en un escenario de tensiones geopolíticas y crecientes preocupaciones por las condiciones económicas y sociales de la isla.
