Organizaciones nacionales e internacionales pidieron al Gobierno mexicano acelerar la creación de un sistema nacional de cuidados que articule servicios, presupuesto e infraestructura y permita reducir la carga que actualmente recae de manera desproporcionada sobre las mujeres.
México tiene frente a sí una tarea que durante años permaneció en segundo plano, pero que cada vez resulta más difícil ignorar: construir un sistema público capaz de atender las necesidades de quienes requieren cuidados y, al mismo tiempo, reconocer a quienes realizan ese trabajo.
El llamado fue realizado por organizaciones nacionales e internacionales después del cuarto Encuentro Nacional “El futuro de los cuidados en México”, celebrado en la Universidad de Guadalajara. En su posicionamiento, las organizaciones advirtieron que los programas existentes siguen dispersos y que persisten importantes carencias de servicios e infraestructura.
La dimensión del problema puede apreciarse desde los hogares. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cuidados abarcan necesidades de personas con discapacidad o dependencia, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas que atraviesan enfermedades temporales.
La misma encuesta muestra que la responsabilidad no se distribuye de manera equilibrada. La información de Naciones Unidas en México, basada en la ENASIC 2022, señala que 75 por ciento de quienes brindan cuidados dentro de los hogares son mujeres y que ellas dedican alrededor de 12 horas más por semana a estas actividades que los hombres.
Es una diferencia que tiene consecuencias concretas. El tiempo destinado al cuidado puede significar menos oportunidades para incorporarse al mercado laboral, estudiar, descansar o desarrollar una vida independiente. Por eso, el debate no consiste simplemente en construir más guarderías o centros especializados, sino en reorganizar una tarea que durante décadas ha recaído principalmente en las familias y, dentro de ellas, en las mujeres.
La situación de las personas con discapacidad también evidencia las brechas existentes. Las organizaciones que participaron en el encuentro señalaron, con base en datos de la ENASIC, que nueve de cada diez personas con discapacidad no asisten a un centro de cuidados. El propio INEGI identifica entre las necesidades de este grupo una mayor disponibilidad de apoyo de enfermería o de personas cuidadoras, así como más acompañamiento de familiares y redes cercanas.
El envejecimiento de la población agrega otra presión. Las necesidades de cuidado crecerán conforme aumente el número de personas mayores, lo que obliga a pensar desde ahora en servicios suficientes y accesibles. No hacerlo significaría dejar que una responsabilidad cada vez mayor siga resolviéndose, en buena medida, dentro de los hogares.
El problema tampoco termina en quienes reciben atención. Quienes cuidan también necesitan respaldo. Naciones Unidas ha advertido que reconocer el trabajo de cuidados implica crear condiciones que permitan distribuirlo entre el Estado, las familias, el sector privado y la sociedad, además de mejorar las condiciones laborales de quienes realizan estas tareas de manera remunerada.
Las organizaciones plantearon tres prioridades para avanzar. La primera es aumentar el presupuesto y la infraestructura pública; la segunda, coordinar las acciones de los distintos niveles de Gobierno y armonizar las leyes; y la tercera, avanzar hacia una corresponsabilidad social y de género que permita repartir mejor las tareas.
El desafío es considerable porque México ya cuenta con programas y políticas que atienden distintas partes del problema. Entre ellos están los Centros de Educación y Cuidado Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Pensión Mujeres Bienestar y diversos servicios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Sin embargo, el planteamiento de las organizaciones es que estos esfuerzos no funcionen como piezas aisladas. La apuesta es integrarlos bajo una política nacional que permita saber quién necesita cuidados, qué servicios existen, dónde están las mayores carencias y cómo se financiará su expansión.
El INEGI diseñó la ENASIC precisamente para conocer la demanda de cuidados, las características de las personas cuidadoras y el impacto que estas actividades tienen en su vida, incluido el ámbito laboral. La encuesta, levantada en 2022, constituye una de las principales bases estadísticas disponibles para dimensionar el problema en México.
Otro punto central es el reconocimiento jurídico del cuidado. Las organizaciones pidieron fortalecer el marco legal para reconocerlo explícitamente como un derecho y avanzar en modificaciones laborales y de seguridad social que protejan tanto a quienes necesitan asistencia como a quienes la proporcionan.
El planteamiento adquiere especial relevancia en un país donde las necesidades de cuidado pueden cambiar rápidamente dentro de una misma familia. Una persona puede cuidar a sus hijos pequeños, atender a un adulto mayor y, al mismo tiempo, sostener un empleo. Sin servicios públicos suficientes, esa combinación termina convirtiéndose en una carga difícil de mantener.
Las organizaciones reconocieron los avances impulsados durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, pero consideran que todavía falta dar el siguiente paso: pasar de programas específicos a un sistema articulado, con recursos suficientes y objetivos de largo plazo.
La discusión, en realidad, va mucho más allá de una política social. Crear un sistema nacional de cuidados significaría reconocer que cuidar también sostiene la economía, el bienestar de las familias y la posibilidad de que millones de personas participen plenamente en la vida laboral y social.
Por ello, el reto para México no es únicamente ampliar la oferta de servicios. Es conseguir que el cuidado deje de ser visto como una obligación privada que cada familia debe resolver por su cuenta y se convierta en una responsabilidad compartida, respaldada por instituciones, presupuesto y derechos.
