Para 2050, alrededor de 306 millones de personas en las Américas tendrán 60 años o más. Aunque la mayoría de los países ya reconoce los cuidados de larga duración en sus políticas públicas, apenas 15 de los 35 Estados miembros de la OPS cuentan con sistemas formales financiados con recursos públicos.
El envejecimiento de la población está imponiendo nuevos desafíos a los sistemas de salud y protección social de América. La necesidad de servicios que permitan atender a personas mayores que requieren asistencia cotidiana aumentará durante las próximas décadas; sin embargo, la región todavía presenta importantes carencias de infraestructura, financiamiento y personal especializado para responder a esa demanda.
Una sinopsis de política elaborada conjuntamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que la fragmentación de los servicios y la insuficiencia de recursos públicos mantienen a las familias como principales responsables de buena parte de los cuidados, tanto en tiempo como en costos económicos.
Las proyecciones incluidas en el documento estiman que para 2050 unos 306 millones de habitantes de las Américas tendrán 60 años o más, lo que representará a más de una cuarta parte de la población regional. Este cambio demográfico obligará a los gobiernos a ampliar los servicios destinados a preservar la autonomía, la capacidad funcional y la calidad de vida de las personas que necesitan asistencia prolongada.
La subdirectora de la OPS, Mary Lou Valdez, señaló que invertir en cuidados de larga duración no debe considerarse únicamente un gasto, sino una inversión en el bienestar de las personas, el fortalecimiento de las familias y la capacidad de las sociedades para afrontar los cambios demográficos.
Más leyes, pero pocos sistemas de atención
Los países de la región han avanzado en el reconocimiento de los cuidados de larga duración como una responsabilidad de política pública. De acuerdo con la evaluación de mitad de período de la Década de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable, realizada en 2025, el 88 por ciento de los países encuestados informó que había incorporado este tema en sus leyes, políticas o planes nacionales. En 2020, esa proporción era del 61 por ciento.
No obstante, el reconocimiento normativo todavía no se traduce en servicios suficientes. La OPS reporta que solamente 15 de sus 35 Estados miembros disponen de un sistema formal de cuidados financiado con recursos públicos. Además, de los 27 países que respondieron a una pregunta específica sobre los derechos de quienes cuidan sin remuneración, apenas siete señalaron contar con reconocimiento legal para estas personas y con disposiciones que les permitan acceder a algún tipo de apoyo.
El informe conjunto de la OPS y el BID, titulado Gobernanza y financiamiento de los cuidados a largo plazo, identifica dos obstáculos centrales: la falta de coordinación entre las instituciones y la insuficiencia de recursos para sostener los servicios.
En numerosos países, los sistemas de salud y las instituciones de protección social trabajan de manera independiente. Esto provoca que las personas mayores reciban atención de distintos proveedores sin que necesariamente exista una evaluación integral de sus necesidades, un plan de cuidados compartido o seguimiento continuo.
Por ello, los organismos recomiendan integrar los servicios sanitarios y sociales, establecer responsabilidades institucionales claras, coordinar las evaluaciones y garantizar estándares de calidad. El objetivo es que la atención no dependa de la institución que la proporciona, sino de las necesidades concretas de cada persona.
Las familias absorben buena parte del costo
Cuando los servicios públicos son insuficientes, las familias terminan cubriendo las necesidades de atención. En algunos casos, sus integrantes abandonan o reducen sus actividades laborales para cuidar a un familiar; en otros, deben destinar parte de sus ingresos al pago de asistencia privada.
La dimensión económica de este trabajo suele pasar inadvertida porque una proporción importante se realiza sin remuneración. Sin embargo, la sinopsis de política de la OPS y el BID estima que el valor económico de los cuidados informales de larga duración puede representar entre el 0.8 y el 4.9 por ciento del producto interno bruto anual de los países.
Esta carga también tiene consecuencias sociales. La falta de servicios accesibles puede limitar las oportunidades laborales de quienes asumen las tareas de cuidado y generar dificultades económicas en los hogares. De ahí que fortalecer los sistemas formales no solo beneficie a las personas mayores, sino también a sus familiares y a quienes realizan estas labores sin recibir un salario.
El BID ha documentado, además, la importancia de reconocer el trabajo de cuidados no remunerado en América Latina y el Caribe. Sus investigaciones señalan que las mujeres concentran una parte considerable de estas actividades, lo que evidencia la necesidad de distribuir las responsabilidades de manera más equilibrada y ampliar los mecanismos de apoyo.
Uruguay muestra una alternativa de coordinación
Entre las experiencias regionales identificadas por los organismos internacionales destaca Uruguay, que en 2015 estableció el Sistema Nacional Integrado de Cuidados para articular las políticas, los servicios y el financiamiento relacionados con la atención de personas que requieren asistencia.
Este modelo reúne a ministerios, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil bajo una estructura de coordinación compartida. También utiliza evaluaciones estandarizadas para determinar las necesidades de cada persona y establecer quién puede recibir apoyo.
Su esquema contempla financiamiento público y copagos ajustados a los ingresos, además de requisitos de calidad para los proveedores de servicios y criterios de formación y certificación para los trabajadores del sector.
La experiencia uruguaya constituye una referencia para analizar cómo pueden organizarse los sistemas de atención, aunque cada país debe adaptar sus mecanismos a sus propias condiciones económicas, institucionales y demográficas.
Una política que requiere financiamiento y continuidad
La OPS impulsa el fortalecimiento de las políticas de cuidados de larga duración mediante su Política sobre los cuidados a largo plazo 2025-2034, que plantea mejorar la coordinación, el financiamiento y la calidad de los servicios. Entre sus prioridades se encuentra integrar la atención con los sistemas de salud, particularmente a través de la atención primaria y los servicios comunitarios.
La estrategia también busca preservar la capacidad funcional de las personas mayores y brindar respaldo a quienes las cuidan, reconociendo que la atención no debe limitarse a responder ante enfermedades o situaciones de dependencia avanzada. También debe contribuir a mantener la autonomía y evitar el deterioro de las condiciones de vida.
El tema adquiere especial relevancia en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, conmemorado cada 29 de octubre. La fecha permite poner en perspectiva una realidad que seguirá creciendo: las sociedades necesitarán cada vez más personas, instituciones y recursos dedicados a atender a quienes no pueden realizar por sí mismos todas las actividades de la vida cotidiana.
El desafío para América no consiste únicamente en reconocer el derecho a recibir cuidados, sino en convertir ese principio en servicios accesibles, coordinados y sostenibles. Con una población que envejece rápidamente, postergar las inversiones puede profundizar las desigualdades y trasladar una responsabilidad cada vez mayor a los hogares.
