La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a los países de la región a reconocer legalmente el derecho al cuidado y desarrollar sistemas integrales que protejan la dignidad, autonomía e independencia de las personas mayores, además de garantizar condiciones adecuadas para quienes realizan estas labores.
En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, conmemorado cada 29 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los gobiernos de América para fortalecer sus políticas de atención a las personas mayores y reconocer el cuidado como un derecho humano que debe garantizarse sin discriminación.
El organismo considera necesario que los Estados establezcan sistemas nacionales de cuidados capaces de responder a las necesidades particulares de este sector de la población, con servicios accesibles, personal especializado y mecanismos de supervisión que aseguren una atención respetuosa de la dignidad y las decisiones individuales.
En su informe Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas, la Comisión señala que el cuidado comprende distintos derechos, actores y servicios sociosanitarios, así como modalidades de atención que pueden ser temporales, de larga duración o permanentes.
El planteamiento adquiere mayor relevancia a partir de la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en junio de 2025, en la que se reconoció el cuidado como un derecho humano autónomo con tres dimensiones fundamentales: recibir cuidados, cuidar y ejercer el autocuidado.
Esto significa que no solamente debe garantizarse la atención de quienes necesitan asistencia, sino también proteger los derechos de las personas que realizan estas tareas y asegurar que dispongan de tiempo, recursos y condiciones adecuadas para atender su propio bienestar.
El cuidado debe garantizarse sin afectar la autonomía
La CIDH recordó que el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la protección de la familia y las obligaciones estatales relacionadas con su desarrollo y fortalecimiento. En este marco, la Corte IDH ha señalado la importancia de reconocer el derecho al cuidado y la responsabilidad de garantizar condiciones que permitan atender dignamente a quienes se encuentran en situación de dependencia.
La Comisión también advirtió que persisten prejuicios sociales que presentan a las personas mayores como incapaces de tomar decisiones o como una carga económica y emocional para sus familias y comunidades.
Estas percepciones pueden favorecer prácticas discriminatorias, entre ellas la institucionalización forzada por razones de edad, sin considerar la voluntad de la persona ni sus preferencias sobre el lugar y la modalidad en que desea recibir atención.
Frente a esta situación, la CIDH sostiene que las personas mayores deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos, con capacidad para participar en las decisiones relacionadas con su vida, su salud y sus necesidades de cuidado.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece que los servicios deben contribuir a preservar su independencia y autonomía. Para ello, contempla el acceso a la atención de salud, servicios sociales, alimentación y nutrición adecuadas, agua, vestido y vivienda.
Personal capacitado y mecanismos contra los abusos
El instrumento interamericano también establece garantías específicas para quienes reciben servicios de cuidados de larga duración. Entre ellas se encuentra el derecho a que el inicio y la terminación de los servicios respeten la voluntad libre y expresa de la persona mayor, así como a recibir atención de personal especializado.
Asimismo, plantea la necesidad de establecer regulaciones para el funcionamiento de los centros de cuidado, mecanismos de supervisión y sistemas de responsabilidad ante posibles negligencias, abusos o vulneraciones de derechos.
La atención debe incluir también los cuidados paliativos cuando sean necesarios, con respeto al consentimiento informado y a la dignidad de las personas. El propósito es evitar que la edad o una condición de dependencia se conviertan en motivos para limitar injustificadamente sus decisiones o someterlas a tratamientos y condiciones de vida que no desean.
En este sentido, la Comisión ha insistido en que los sistemas de atención deben contar con procedimientos para prevenir y atender situaciones de abandono, violencia, negligencia y otras formas de maltrato, además de garantizar que las personas mayores puedan presentar denuncias y acceder a mecanismos efectivos de protección.
Los Estados deben apoyar también a quienes cuidan
La CIDH considera que la construcción de sistemas integrales no puede dejar toda la responsabilidad en manos de las familias. Los gobiernos deben desarrollar políticas que distribuyan las tareas de cuidado, proporcionen apoyo a quienes las realizan y establezcan condiciones adecuadas para los trabajadores del sector.
La garantía del derecho al cuidado requiere, por tanto, una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y los distintos proveedores de servicios. Esto implica contar con recursos presupuestarios, personal capacitado, infraestructura suficiente y autoridades encargadas de vigilar que los servicios cumplan con los estándares establecidos.
En su pronunciamiento, la Comisión llamó a los países de la región a avanzar en el reconocimiento legal del derecho al cuidado y establecer sistemas nacionales que brinden apoyo a las familias. También pidió fortalecer los mecanismos administrativos y regulatorios para supervisar los centros de atención destinados a las personas mayores.
Finalmente, destacó la importancia de ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, al considerarla un instrumento fundamental para consolidar las garantías de quienes requieren asistencia y asegurar que puedan recibirla en condiciones de dignidad, autonomía e independencia.
El pronunciamiento coloca en el centro una discusión que adquiere mayor importancia ante el envejecimiento de la población: cuidar no debe significar sustituir la voluntad de una persona ni reducir sus derechos. El reto para los gobiernos consiste en construir servicios que protejan a quienes necesitan asistencia, sin desatender a quienes la proporcionan.
