Los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis reconocieron ante la justicia estadounidense su participación en un esquema de sobornos para obtener derechos comerciales y de transmisión de torneos de fútbol, en un acuerdo que contempla el decomiso de 50 millones de dólares y evita que enfrenten un juicio.
Más de una década después de que el escándalo de corrupción conocido como FIFAgate sacudiera a las estructuras del fútbol internacional, el caso de Hugo Jinkis y su hijo Mariano dio este jueves un giro decisivo en Estados Unidos.
Los propietarios de la empresa argentina de marketing deportivo Full Play admitieron ante un tribunal federal de Nueva York haber participado en un esquema destinado a pagar sobornos a dirigentes del fútbol para conseguir contratos de transmisión y comercialización de importantes competencias internacionales.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía estadounidense establece un mecanismo de procesamiento diferido. En términos prácticos, los empresarios evitarán un juicio penal mientras cumplen las condiciones pactadas con las autoridades, entre ellas el decomiso de 50 millones de dólares.
De acuerdo con los documentos judiciales citados por Infobae, los Jinkis reconocieron su participación en una trama relacionada con derechos de transmisión y patrocinio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había documentado desde años atrás el papel atribuido a Full Play en los pagos ilegales destinados a funcionarios de la Conmebol y la Concacaf.
La dimensión económica del caso ayuda a entender por qué los derechos deportivos se convirtieron en uno de los grandes negocios del fútbol internacional. Obtener la explotación comercial de determinados torneos podía representar contratos millonarios y una posición privilegiada dentro de un mercado en el que las empresas compiten por anticiparse a sus rivales.
Según la documentación judicial estadounidense, los pagos realizados por los Jinkis alcanzaron decenas de millones de dólares y estuvieron vinculados con la obtención de derechos comerciales y audiovisuales de competencias como la Copa América y partidos de eliminatorias mundialistas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló anteriormente que Full Play, controlada por Hugo y Mariano Jinkis, participó en acuerdos para pagar sobornos a dirigentes de la Conmebol y la Concacaf a cambio de derechos de medios y marketing. La investigación también alcanzó a dirigentes y empresarios de distintos países y derivó en numerosas acusaciones y declaraciones de culpabilidad.
El episodio de este jueves tiene además un componente particularmente llamativo. Los Jinkis habían sido acusados en 2015 y durante años permanecieron fuera del alcance de los tribunales estadounidenses. Reportes publicados por Forbes México y otros medios indicaron antes de la audiencia que los empresarios habían negociado con la fiscalía un acuerdo para resolver las acusaciones.
La comparecencia finalmente confirmó ese desenlace. Ambos empresarios aceptaron los términos del acuerdo y reconocieron los hechos establecidos en las declaraciones que forman parte del procedimiento.
El FIFAgate comenzó a destaparse públicamente en 2015, cuando autoridades estadounidenses presentaron acusaciones contra dirigentes de la FIFA, empresarios y responsables de organizaciones vinculadas con el fútbol de América. La investigación reveló una red de pagos ilegales construida durante años alrededor de los derechos comerciales de las principales competiciones.
El caso alcanzó incluso a la cúpula de organismos internacionales del fútbol y provocó arrestos en Zúrich, procesos judiciales y múltiples condenas. El Departamento de Justicia estadounidense ha señalado que más de 50 personas de distintos países fueron acusadas durante la investigación, con numerosas declaraciones de culpabilidad y condenas posteriores.
Para los Jinkis, el acuerdo marca el cierre de una etapa judicial que comenzó hace más de once años. Para el caso FIFAgate, en cambio, representa otro recordatorio de cómo los intereses económicos alrededor del fútbol llegaron a mezclarse con prácticas de corrupción capaces de atravesar fronteras y estructuras institucionales.
La historia también deja una lección incómoda para el deporte profesional. Cuando los derechos de transmisión, los patrocinios y la explotación comercial de los torneos mueven cantidades enormes de dinero, la disputa ya no ocurre únicamente dentro de la cancha. Detrás de cada contrato puede existir una batalla empresarial de dimensiones considerables y, como demostró este caso, también riesgos serios de corrupción.
