Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera reforzarán el intercambio de información para detectar las operaciones financieras que sostienen el robo y la comercialización ilegal de combustibles.
Ciudad de México, 27 de agosto de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la detección y prevención de delitos financieros relacionados con el robo de hidrocarburos.
El acuerdo, en el que también participa la Secretaría de Energía, da continuidad al trabajo del grupo interinstitucional creado para combatir el mercado ilícito de combustibles. La apuesta es clara: seguir el rastro del dinero y no limitar el combate a las operaciones físicas de extracción, transporte o comercialización ilegal.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos vinculados con el sector energético.
A cambio, la UIF compartirá con Pemex productos de inteligencia financiera destinados a identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos relacionados con las operaciones de la empresa estatal y sus filiales.
Además, ambas instituciones podrán desarrollar actividades de capacitación en análisis operativo y estratégico. Con ello se busca mejorar las capacidades para identificar estructuras financieras y, sobre todo, las cadenas económicas que permiten que los combustibles obtenidos de manera ilícita lleguen finalmente al mercado.
La medida cobra especial relevancia porque el fenómeno del llamado huachicol ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de la extracción clandestina de combustible mediante tomas en ductos. El propio Gobierno de México ha documentado la aparición de esquemas más complejos de contrabando, adulteración, empresas fachada, facturación simulada y triangulación de operaciones.
El Diario Oficial de la Federación ha señalado que estas modalidades pueden generar pérdidas fiscales y competencia desleal, además de dificultar la identificación del origen y destino de los recursos. En ese contexto, la inteligencia financiera se convierte en una herramienta complementaria para seguir operaciones que no necesariamente resultan visibles en una inspección física.
La UIF, además, ya ha reportado durante 2026 acciones coordinadas con autoridades de Estados Unidos contra redes presuntamente vinculadas con el robo de hidrocarburos. Este tipo de cooperación muestra que el problema puede extenderse más allá de las instalaciones y las fronteras nacionales, especialmente cuando las ganancias ilícitas se dispersan a través de distintas operaciones financieras.
El Gobierno federal sostiene que la estrategia debe combinar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad con herramientas fiscales y financieras. Es decir, no basta con localizar una toma clandestina o decomisar combustible: también resulta necesario identificar quién financia las operaciones, cómo se mueve el dinero y qué empresas o personas pueden estar facilitando su comercialización.
El acuerdo también se inscribe en los compromisos de México con los estándares internacionales de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El combate al mercado ilícito de combustibles representa un reto de seguridad, pero también de protección al patrimonio público. El Gobierno de México ha advertido que estas actividades pueden afectar la recaudación fiscal, distorsionar el mercado energético y generar riesgos para la población cuando se manipulan o almacenan combustibles fuera de las condiciones establecidas.
El Diario Oficial de la Federación ha documentado precisamente esa transformación del fenómeno: aunque las tomas clandestinas han mostrado una reducción en los últimos años, las autoridades advierten que algunas estructuras criminales han desplazado parte de sus actividades hacia mecanismos financieros y fiscales más sofisticados.
Por ello, el nuevo convenio busca cerrar uno de los flancos menos visibles del problema. La intención es que las investigaciones no terminen cuando se localiza el combustible ilegal, sino que permitan reconstruir la red económica que hace posible su robo, traslado y venta.
